UNA HISTORIA, de no muy buen recuerdo, por cierto, basta para comprobar la dependencia que tiene el complejo de Alcoa en San Cibrao de la energía. El Consejo de Ministros que aprobó en noviembre de 1974 la inclusión de los municipios de Cervo y Xove en la bautizada como Gran Área de Expansión Industrial de Galicia no tenía solo en mente la alúmina. Un año llevaba en los despachos el proyecto de Fenosa para instalar allí mismo, en Regodela, una central nuclear. El complemento. Años de oposición vecinal, cuando en el arranque de los ochenta ya se había inaugurado el complejo de lo que es hoy Alcoa, dieron al traste con todo aquello y dejaron en un mal sueño el proyecto nuclear de la eléctrica gallega.
Siempre ha sido la energía. Han pasado cuarenta años, de manos públicas a privadas, de Inespal a Alcoa, y el elemento crítico, determinante ahora para su continuidad, sigue siendo el precio del megavatio, primado bajo una u otra fórmula durante años y años. El tumulto rodea ahora el paraguas bajo el cual el Gobierno pretende proteger a los grandes consumidores de electricidad. El estatuto de las electrointensivas no ha pasado el primer corte a decir por las alegaciones presentadas, casi al alimón, por tres comunidades autónomas: Galicia, con Alcoa y un buen ramillete de industrias; Asturias, con Arcelor, y Cantabria, con Sniace y Ferroatlántica, comparten así otro problema, más allá de la despoblación, el envejecimiento o las infraestructuras deficitarias.
El Noroeste se vuelve a unir ante la dificultad en una primera lectura que destierra a priori condicionantes políticos, ya que Asturias está gobernada por el PSOE y en Cantabria los socialistas lo hacen en coalición con los regionalistas de Miguel Ángel Revilla. El clima preelectoral en Galicia hace subir el tono de la crítica unos cuantos decibelios, pero conviene repasar la propuesta en sí del Gobierno, y las alegaciones presentadas, por ejemplo, desde la Xunta, para comenzar a desbrozar un camino que solo se puede recorrer desde el sosiego del análisis de lo se plasmará en el BOE.
Para empezar, la lavadora del estatuto que plantea el Gobierno no distingue colores. Es un café para todos. Un abrir la mano sin tener en cuenta, por ejemplo, que el complejo de San Cibrao se lleva el 1,5% de todo el consumo eléctrico de España en un año. El dato es de la propia compañía norteamericana. Industria ha intentado incorporar un elemento de libre concurrencia al proyecto, al abrir a la competencia de hasta unas 600 empresas esta nueva categoría de gran consumidor eléctrico, con el riesgo de que sean reconocidas así medianas empresas, con necesidades muy distintas a las de una industria pesada como Alcoa. En este aspecto, la mirada se ha fijado en Bruselas y en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Se plantea el nuevo marco, además, como un sostén transitorio mientras se modifica el mix energético, en una senda que se dirige con objetivos decididos pero paso incierto hacia las renovables. Por lo que transpira el estatuto, es como si la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tuviera en la industria un incómodo compañero en el viaje a una pretendida Arcadia feliz sin emisiones de dióxido de carbono. Y quien manda en energía es su ministerio, no Industria, que pone la cara.
Firmado por la titular de Industria y la vicepresidenta ecológica, el estatuto electrointensivo es un puente para un nuevo modelo, una transición imaginada, pero no planificada. Y ese es uno de los problemas. Como lo es también la puesta en marcha del nuevo sistema. Alcoa ha presentado, pero no difundido, sus alegaciones. Sin embargo, indice en un punto determinante: la aplicación del estatuto, dice, "es incierta y no está asegurada ni para 2020 ni para años posteriores". Y aquí entra en juego la política, lo que podríamos denominar el factor ERC y otros socios del Gobierno, porque tal y como está diseñado es imprescindible que tengamos Presupuestos Generales del Estado. La Xunta, en sus alegaciones, pactadas con el sector, vuelve sobre lo andado, y pide recuperar las subastas de interrumpilibilidad, a sabiendas de que por ese camino Bruselas no nos dejará transitar. Y es que Galicia mandaba en las subastas: un 40% de los megavatios de interrumpibilidad se adjudicaban a industrias implantadas en Galicia. Y la ministra habla de no discriminar territorios. Vaya. Difícil digerir algo así.
