SEÑOR DIRECTOR:
Si observa usted, Endesa en As Pontes, Alcoa en San Cibrao y Barreras en Vigo pueden componer los ángulos de un triángulo que tiñe de gris el ya de por sí pobre mapa de la industria en Galicia. Sucede cuando hay coincidencia general en el diagnóstico de final de ciclo. Vienen mal dadas, llámese o no recesión. ¿Cuál va a ser el estado de la opinión ciudadana, la confianza en la situación económica, dentro de un año cuando los gallegos estemos convocados a las urnas? La confianza es fundamental para salir adelante y a los dirigentes políticos les corresponde generarla con credibilidad y hechos en la ciudadanía.
La economía, la cartera o los garbanzos para llevarse a la boca, no encuentra espacio en el discurso electoral. Debería ser tema central para las generales y, en la que lleva ya tiempo abierta para las autonómicas gallegas. Qué fue sino el pleno del Parlamento de esta semana. En la economía incluya las pensiones, una cuestión que no puede seguir aparcada salvo que esperen la hecatombe final. Y en la economía, para Galicia, figura necesariamente la industrialización. Desde que el sector naval se fue por la borda con aquello que llamaron "reconversión" —verdades a medias, promesas incumplidas, concesiones a otros intereses— poco más hubo aquí que desmantelamientos, traslados, absorciones y desapariciones. El brillo de la multinacional Inditex, que nada debe a los discursos políticos, no puede tapar la realidad del retroceso industrial.
MIEDO
Deduzco que no se puede hablar de desindustrialización tras escuchar la sesión parlamentaria del pasado miércoles. Ni los aspirantes a gobernarnos puede tratar de las pensiones en campaña electoral. Eso dicen quienes se han mostrado absolutamente incapaces de renovar un Pacto de Toledo. Es cuestión que alcanza a 9,5 millones de votantes. Precisamente por eso quieren sustraerlo del debate público.
Los dirigentes de este país —no solamente los políticos— le temen a un debate abierto en la sociedad civil más que el gato escaldado al agua hirviendo. El debate implica riesgos pero en los procesos de cambio, como en los que vivimos, es empobrecedora la resistencia a contrastar y debatir. Evidencia un importante déficit democrático. Es el temor a molestar a quienes decretan lo políticamente correcto. Es la comodidad del borreguismo. Hacemos propios acríticamente los dogmas que dictan los oficiantes de la religión secular, torquemadas incluidos con hogueras en las redes y la muerte política y social.
VISITA DE MINISTROS
Si pretende usted evaluar los resultados de la visita de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el señor presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, a Alcoa, obtendrá similar resultado al que dejó en A Mariña el ministro Soria, de infausta memoria salvo para el oligopolio eléctrico. El inquilino de la Moncloa entonces era Mariano Rajoy. Con estas visitas ministeriales no mejorará la percepción gris sobre la industrialización de Galicia. Ni desparecerá la sensación del poco respeto que hay hacia este país (somos pocos) en los centros de poder de capital del Reino.
Tampoco es para sorprenderse después del pleno de control de esta semana en el Parlamento de Galicia. Si usted siguió las diferentes intervenciones en esa sesión, hipotéticamente con el futuro de Alcoa en el centro, es muy probable que me comprenda si le sugiero que los motivos para la esperanza son más bien escasos. Se impuso el partidismo más desvergonzado, más estéril para los intereses de todos. Y no solo en los discursos. A estos portavoces los coloca usted a jugar a los dardos en un pub inglés y en lugar de apuntar hacia la diana lanzarán hacia la puerta. No es para jalearles, ni desde la tribuna de invitados.
La oposición perdió una gran oportunidad de colocar a Galicia por encima de partidismos estrechos y voceríos. No sería una debilidad: falta un año todavía para las elecciones gallegas. Cuando, desde la lógica, el presidente de la Xunta acusa a Gonzalo Caballero de no molestar con Alcoa al Gobierno de Pedro Sánchez, pierde una ocasión para la credibilidad y dejar al desnudo a la oposición: faltó una mínima referencia a la responsabilidad del ministro Soria (PP). Como a Gonzalo Caballero (PSOE) le falta aludir a la responsabilidad del actual Gobierno, que se supone que no siempre estuvo en funciones. Más de seis meses antes de las elecciones de abril hubo advertencias de cierre en Asturias, A Coruña y San Cibrao. "No hubo tiempo". Para lo que se quiere, sí.
Desviar responsabilidades hacia las objeciones de la CNMC es hacer dejación de las propias. Desde el nacionalismo de izquierda ya ni se habla de aquello, en otros tiempos tan manido, de sucursalismo.
BOCHORNO
Los portavoces del Parlamento parecen desconocer a quién corresponde la responsabilidad de proponer una tarifa eléctrica competitiva para la industria de gran consumo, como Alcoa. La asociación de estas industrias (Aege) pide desde hace tiempo que la tarifa se equipare a la de la Unión Europea. ¿Hay algo que mire mal aquí Bruselas y no en Francia o Alemania? ¿Qué se hace mal aquí? Los parlamentarios deberían exigir saber qué impidió e impide esa homologación con Europa ¿A quién corresponde dar respuesta a la demanda de los trabajadores y de toda la comarca de A Mariña? Sobre quién situaremos la responsabilidad de un probable cierre. Hacia dónde lanzarán los dardos entonces en el Parlamento.
Hay, al menos, dos nombres en la responsabilidad: Industria con Rajoy e Industria con Pedro Sánchez. No hay justificación, antes con el PP y ahora con el PSOE. ¿Hay chantaje de la industria? Dígase claramente: en A Mariña está todo en juego. No es este pesimismo un estado de ánimo otoñal. Es la consecuencia, diría que realista, de una observación de la situación: pintan bastos para la economía en general, para nuestras carteras, para la generación de empleo y riqueza en Galicia, y en el Parlamento nos distraen como en un mitin.
PENSIONES
Con 9,5 millones de jubilados, de los que unos 800.000 están en Galicia, es sospechoso sustraer las pensiones del debate público en campaña
¿Cómo que no se puede hablar de pensiones en la campaña electoral? No debe significar nada que un 25% de la población española tenga más de 65 años, ni que el número de jubilados sumen 9,5 millones de ciudadanos. Cerca de ochocientos mil en Galicia. Si no se puede hablar del asunto, como dicen desde Ciudadanos al PP, es que pretenden ocultar algo que molestaría a ese potencial granero de votos. No les votarían. Casado se cabrea por que Pedro Sánchez fue a pescar a su caladero: según los sondeos, el 40% de los pensionistas votó al PP en 2016 y un 20% al PSOE. Claro, 9,5 millones de votos son importantes. Todos saben que el bolsillo de la cartera está en la chaqueta por encima del corazón: lo protege.
Quienes ocupen el poder tienen la responsabilidad de hacer sostenible el sistema de pensiones. Quienes aspiran a gobernar y a obtener la representación de los ciudadanos tienen ahora el momento de presentar sus planes. No es de recibo venir fuera de tiempo electoral con falsas confesiones de realismo. Si no saben gestionar, toca retirarse. La democracia es, recordemos a Popper, poder darle la carta de despido a los gobiernos. Mandarlos a la calle.
De usted, s.s.s.
