Que los políticos con poder de decisión se desentiendan con frecuencia de los problemas de la plebe, la que los aúpa al poder, no quiere decir que se olviden de fortificar sus privilegios. Por ejemplo, una parte considerable de los casi diez millones de pensionistas españoles cobran míseras asignaciones, que rara vez se corresponden con el esfuerzo de toda una vida cotizando a la Seguridad Social, y sin embargo a los parlamentarios y senadores les es suficiente haber profesado como tales durante dos legislaturas para asegurarse retribuciones máximas para toda la vida, en algunos casos sin haber contribuido jamás a la caja común. Por si fuese poco, Congreso y Senado completan las retribuciones si no alcanzan el tope extremo. Acaba de revelearse que en esa situación figuran ciento catorce exparlamentarios, con un coste anual añadido de seis millones de euros. De ese conjunto, tres de ellos no cotizaron nunca a las arcas públicas, las que sostienen el sistema, como es el caso, al parecer, de la letrada Cristina Almeida, a la que incluso algunos de sus colegas parlamentarios reprochan sus continuas lecciones de solidaridad y ética utilizando a los pensionistas con su demagogia, sin mirarse al ombligo. O sea, predicar igualdad sirve de muy poco si no se practica.
