Con el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizando a niveles máximos desde noviembre de 2014, el precio de los carburantes está dejando de ser uno de los catalizadores del crecimiento de la economía española y está alentando el aumento de la inflación. Y es que llenar el depósito de diésel resulta hoy un 13,5% más gravoso que hace un año en los surtidores gallegos, en tanto que para los conductores que reposten gasolina la operación cuesta ya un 9% más. Preocupado por el impacto en el tejido productivo de esta evolución —que va camino de dejar muy corta la media de 67,7 dólares prevista por el Gobierno en los presupuestos—, el ministro de Energía advirtió en los últimos días a las petroleras de que su departamento está "vigilando" cómo se traslada el repunte del crudo a las gasolineras.
En un escenario en el que los analistas de Bank of America auguran que el Brent franqueará los 100 dólares el próximo año, las perspectivas no son nada halagüeñas para los conductores gallegos, que continúan soportando los carburantes más caros de la Península. Además de la presión fiscal —que en la comunidad es máxima al aplicar el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos en su cuota más elevada, con lo que el 48,5% del precio de venta al público del gasóleo y el 54% de la gasolina son tributos—, la escasa competencia sigue siendo una losa para el mercado gallego.
Del análisis de los datos del Ministerio de Energía se extrae que Repsol —que engloba las marcas Campsa y Petronor— controla el 40,5% de las estaciones de servicio gallegas, en tanto que Cepsa ostenta otro 15,8% y la portuguesa Galp, con refinería en Matosinhos, un 7%. En conjunto los tres grupos controlan el 63,3% de los surtidores, una cuota que se ha reducido algo, pues a mediados de 2014, cuando el Consello Galego da Competencia publicó su último análisis, la concentración era más elevada: copaban el 71% de las gasolineras. La situación no es igual en todas las provincias, pues mientras el mercado coruñés es el que tiene más operadores, lo que deja la cuota de mercado de los tres grandes rozando el 58%, en Ourense su posición de dominio se dispara al 69%.
Según la Xunta, en Galicia operan 714 estaciones, de las que 170 son independientes. En un escenario en el que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha detectado particularidades como que resulta más caro repostar en autopistas que en carreteras, Galicia tiene pocas alternativas más económicas, como
las que ofrecen algunos hipermercados. Y es que entre Carrefour (7), Eroski (3) y Alcampo (2), apenas hay una docena de estaciones.
Este déficit castiga los bolsillos de los consumidores y la prueba es que las gasolineras más caras llevan los rótulos del grupo Repsol y de Cepsa, con precios que esta semana llegaban a superar, en el caso del gasóleo, en un 19% la oferta más barata de Galicia. Con todo, las petroleras sostienen que solo fijan las tarifas en el 20% de las estaciones.
APERTURAS. La apertura del sector avanza poco a poco tras el empujón que la Xunta dio en 2015 para fomentar el abaratamiento de los carburantes incrementando la competencia. Para ello aprobó un decreto que simplificó los trámites administrativos y sustituyó las cuatro autorizaciones que se requerían para instalar un área de servicio por un único procedimiento a resolver en un máximo de seis meses. Según la Consellería de Economía, el año pasado se abrieron 15 instalaciones sin abanderamiento y en lo que va de 2018 ya se han registrado otras ocho.
Para poner coto a la expansión de las grandes petroleras, vetando nuevas aperturas a las que ya sumen más de un 30% de las ventas en una provincia, la Xunta también creó un registro de contratos con los mayoristas al que los empresarios de gasolineras deben informar.
De realizar un seguimiento «continuo» de los precios de los carburantes en Galicia respecto a otras comunidades se encarga la Comisión Galega da Competencia, que también vela por que la tramitación de las aperturas se haga dentro de los plazos legales y revisa con la Dirección Xeral de Industria los contratos de suministro para asegurar que ningún operador que cope más del 30% de las ventas en una provincia —caso de Repsol en toda la comunidad— sume más puntos de suministro.
Desde la aprobación del decreto con el que la Xunta agilizó la implantación de surtidores en 2015, el presidente del organismo, Francisco Hernández (Santiago, 1965), constata avances. "As medidas van no bo camiño, xa que nal-gunhas localidades nas que abriron estacións vencelladas a grandes cadeas de distribución comercial pódese observar que os prezos medios dos carburantes descenderon por baixo da media de Galicia", apunta el responsable del supervisor en declaraciones a AGN.
Para él, la elevada concentración en la distribución de combustibles al por menor sigue siendo la razón que explica que Galicia cargue con los precios más elevados de la Península. "Ademais, as estacións que teñen unha maior capacidade para introducir competencia en prezos no mercado, como as independentes e as vencelladas a empresas de distribución comercial polo miúdo e centros comerciais, teñen un peso relativo menor que noutras autonomías", reflexiona Hernández, que confía en que "se siga acurtando a brecha coa apertura de instalacións".
Al margen de las medidas administrativas, el presidente del ente gallego explica que "traballa conxuntamente" con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la investigación cuya activación anunció hace justo un año su responsable, José María Marín Quemada, después de que la Xunta denunciase la sinrazón de unos precios que no reflejan la presencia en A Coruña de una de las diez refinerías españolas.
