Queda despejada la incógnita de a quién le toca pagar el impuesto, pero están lejos de desaparecer todos los interrogantes. En un nuevo escenario en el que se da por hecho que, como la banca tiene que asumir el gasto, el crédito saldrá más caro, está por ver cuánto, y si es más o menos que lo que desembolsaría el ciudadano al abonar el gravamen.
Y es que, además, en un buen número de casos las entidades financieras pagarán en concepto de IAJD más de lo que les habría tocado abonar a los hipotecados, porque no se pueden acoger a las bonificaciones previstas por las comunidades autónomas para jóvenes o familias numerosas, por ejemplo. Así que si la factura acaba llegando con ese importe a esos ciudadanos a través de las condiciones del crédito la carga que asumirán será bastante mayor que la que afrontarían antes en la ventanilla de Hacienda.
"Hai que darse conta de que se están perdendo as bonificacións", advierte el notario Manuel Ignacio Castro Gil, quien destaca que con ello se triplica el impuesto correspondiente a algunas operaciones. También las hay en las que se eleva un 50%. Y otras en las que el vuelco es total, porque el particular estaba exento de pagar. Es lo previsto en Galicia para la adquisición de una vivienda habitual en una zona rural por parte de personas con una discapacidad igual o superior al 65%, familias numerosas o menores de 36 años, siempre que el valor de su patrimonio no supere un determinado umbral.
Castro Gil cree que las comunidades autónomas pueden aprobar nuevas bonificaciones que rebajen el impacto del gravamen
Esos casos, que se pueden dar en cerca de 3.500 parroquias gallegas —casi el 94% de la superficie de la comunidad—, son los que experimentarán el mayor cambio fruto de la reforma, pero hay muchos más en los que variarán los importes. Basta con ver que, frente al tipo del 1,5% que abonarán a partir de ahora los bancos, los mismos colectivos exentos en las zonas rurales se beneficiaban de una bonificación en el resto del territorio que dejaba el gravamen en el 0,5%. Además, la normativa gallega contempla un tipo reducido al 1% para la primera compra de vivienda habitual cuando la suma del patrimonio de la unidad familiar de los adquirientes no supera los 200.000 euros más 30.000 euros adicionales por hijo.
Así las cosas, cuando "non se sabe se o banco vai repercutir o gasto" pero se cree que será así, Castro Gil destaca la "penalización" que supondría que quienes se podrían acoger a las rebajas en el gravamen acabasen cargando indirectamente con el importe que sale de aplicar el 1,5%. A partir de ahí, cree que las comunidades aprobarán nuevas bonificaciones que se podrían notar en esas hipotecas, de la misma manera que el decreto estatal publicado este viernes contempla exenciones.
Sea como sea, tras unas semanas de incertidumbre en las que los bancos ya estaban asumiendo el impuesto en los nuevos contratos —en algunos con la previsión de que si había algún cambio legal que lo cargaba al cliente este pagaría—, a los notarios les tocará vigilar que ninguna cláusula se lo imponga ahora. "Dou por seguro que non vai suceder", apunta Castro Gil.
