COINCIDE ESTA celebración de cuatro décadas de la Constitución con los datos de un sondeo del CIS que coloca a los políticos como el segundo problema en la preocupación de los españoles. La línea de reflexión y trabajo de la actual clase política debería buscar la superación de ese estado de opinión. Sucedió así hace cuarenta años: hubo respuesta a una sociedad que quería dejar en el pasado el enfrentamiento civil.
La Constitución es el encuentro de las dos Españas. Es fruto de la voluntad de quienes desde la herencia franquista y desde la oposición democrática se marcaron el objetivo histórico de superar la profunda brecha que separaba los dos bandos. No querían repetir una España como la que había llegado con violencia política y desprecio de la vida de los demás a la guerra civil. La Constitución es un final de concordia. Y un inicio. No debe olvidarse este logro. Fue buscado, para superar la histórica incapacidad para avanzar en la normalidad.
Se encontraron quienes eran o venían de los vencedores; quienes experimentaron la exclusión, la humillación y la persecución, y también quienes sintieron la incomprensión por anteponer los valores de convivencia y tolerancia a la imposición o al revanchismo. No es esta la Constitución con más tiempo de vigencia en la historia de España —está la de 1876 hasta el golpe de Pimo de Rivera— pero es sin duda la que inaugura el período de mayor calado en la modernización del país y en su homologación en libertades y derechos al entorno europeo. Esta, como cualquier constitución o ley, es reformable. Necesita cambios. Tal posición no puede presuponer negar el aporte a la convivencia de la actual Carta Magna. Su valor y utilidad para avanzar. Ni se puede entender la ‘superación’ de aquella Transición como una apuesta por hacer ahora tabla rasa y empezar de cero. Ni la realidad ni los agentes ni la necesidad lo piden.
