POR MUCHO que se arrebuje con oropeles de libertad, el jurado popular en España, tal y como se ha trazado, sigue siendo un aberrado y controvertido instrumento jurídico. No son pocos los juristas que, en privado, son discordantes. Otros lo expresan en público, como lo hizo el juez Vázquez Taín en este periódico: "Si ya a los jueces un abogado puede intentar engañarnos con un discurso y alegaciones farragosas, a un jurado es mucho más fácil". Produce una innegable inseguridad jurídica, y si bien es cierto que el órgano está bajo la dirección técnica de un juez profesional, este no podrá influir en la decisión final ni en la votación. Por eso se hace difícil asimilar como procesos muy vidriosos e intrincados, como el que se dirime en Lugo por el caso de Tatiana Vázquez, haya de resolverse por profanos en leyes, agobiados por la presión mediática y las meditadas tácticas del fiscal y letrados de las partes, imposibles de digerir para los desentendidos. No basta el sentido común ni lo de "me lo parece". Como indica Vázquez Taín, en los países nórdicos se introdujo a magistrados dentro del propio jurado. Por eso no sorprende que en España se produzcan dictámenes populares abominables.
