SANTOS JULIÁ NO PERTENECE a ese escogido grupo de historiadores dotados del don de la escritura que, además de por su sapiencia, deslumbran por su pluma, como el Ramón Villares de A Historia, el Álvarez Junco de Mater Dolorosa, el Hugh Thomas de El Imperio español o el Antony Beevor de Stalingrado. Sin embargo, y más allá del desacuerdo que se pueda tener con las valoraciones que hace en su último libro sobre fenómenos recientes como la irrupción de Podemos y el conflicto catalán, este catedrático de Historia del Pensamiento Político nacido en Ferrol alcanza en esa obra el notable hito de trazar un innovador relato de la transición.
Existe un prolongado debate sobre si el proceso democratizador acabó con la celebración de las elecciones del 15 de junio de 1977, la aprobación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978, el regreso al poder del centro-izquierda el 28 de octubre de 1982 o el ingreso de España en la CEE el 1 de enero de 1986. El inicio resulta más consensual, ya que se suele situar alrededor del 20 de diciembre de 1973, el día del asesinato de Carrero Blanco. En cambio, Juliá empieza en plena Guerra Civil su Transición, Historia de una política española (1937-2017).
Este comienzo adelantado abre una perspectiva diferente que permite comprender mucho mejor el crucial verano de 1976 en el que el gabinete de Adolfo Suárez lanzó su programa político. "Un hecho: la amnistía; un compromiso en marcha: elecciones por sufragio universal; un discurso: transición política. Todo eso se parecía mucho a lo que la oposición venía reclamando desde hacía veinte años, sin haber imaginado que el gestor del discurso y protagonista principal del hecho y del compromiso sería un Gobierno salido de las entrañas de la dictadura", destaca magistralmente Juliá.
Así, el plebiscito sobre monarquía o república que se proponía casi cuatro decenios atrás se convirtió en el referéndum de la Reforma Política de 1976 y el Gobierno equivalente al provisional que gestionó la democratización, con la recuperación de las libertades, lo acabó presidiendo quien poco tiempo atrás posaba con el uniforme del Movimiento Nacional, Suárez. Fue el último efecto del triunfo franquista en la Guerra Civil y el fruto final de la capacidad del dictador para resistir en el poder tras la caída de sus patrocinadores Hitler y Mussolini, ante la impotencia de la oposición.
En 1938, el año siguiente al del arranque del libro de Santos Juliá, Franco cogió unos días de descanso en Galicia, después de ganar la batalla del Ebro y antes de la toma de Cataluña. Fue cuando le entregaron el pazo de Meirás como un supuesto regalo popular, simulando que pudiese existir alguna acción voluntaria en momentos tan totalitarios. Era un botín de guerra que, gracias a la forma con la que finalmente se efectuó la transición a la democracia, siguió siendo propiedad de los herederos del general ferrolano, que ahora planean venderlo.
La continuidad legal entre dictadura y democracia hizo muy difícil que se incorporase al patrimonio público. Pero ni se intentó. Lo único que se hizo fue la declaración de bien de interés cultural por el bipartito, a través de un decreto en el que llama la atención la deferencia con la que se trata al franquismo. Tras las provocaciones de la Fundación Francisco Franco del pasado verano, la Xunta creó la comisión de expertos que dirige el destacado historiador Núñez Seixas para estudiar si es posible que el inmueble pase a ser público sin volver a pagar por él. Parecía un intento de ganar tiempo hasta que pase de moda el recurrente culebrón de Meirás. Pero la tentativa de venta acelera el reloj. Supone la última batalla del franquismo, en la que los herederos del autócrata tratan de cobrar en metálico el botín del abuelo.
La reforma de UP y Cs en Galicia beneficiaría al PSdeG
Pese a quedar de tercero en votos, el Partido dos Socialistas de Galicia sería la primera fuerza de la oposición en el Parlamento gallego si en las últimas elecciones autonómicas se hubiese aplicado la reforma que para el Congreso de los Diputados proponen Unidos Podemos y Ciudadanos y que consiste en la sustitución de la mal llamada ley D’Hondt por otra de las fórmulas matemáticas que se utilizan para distribuir los escaños entre los partidos, la de Sainte-Laguë. Con este último método el único cambio que habría en los resultados de 2016 se produciría en la provincia de Ourense, donde el PSOE le quitaría al PP el escaño por el que estuvieron peleando toda la noche electoral y también en el posterior escrutinio del voto exterior. Así, los populares contarían con 40 escaños, uno menos de los que lograron, y los socialistas con uno más, 15, mientras En Marea seguiría con 14 y el BNG, con 6.
La propuesta de morados y naranjas se circunscribe al Congreso y no tiene visos de salir adelante, ante la oposición de los partidos beneficiados por el modelo actual, PP y PSOE. Socialistas y populares llevan razón cuando acusan a Podemos y Ciudadanos de proponer un sistema que beneficia a estas fuerzas. Lo que no explican es que ellos también defienden uno que les favorece, como demuestra el hecho de que con un empate a votos entre los cuatro principales partidos el PP tendría más escaños, con el PSOE cerca y las dos formaciones de fundación más reciente a considerable distancia.
En todo el cínico juego que envuelve el debate sobre las normas electorales llama la atención la paradoja de que Cs busque el apoyo de Podemos para aplicar una medida, la "mejora de la proporcionalidad", que está en su pacto de 2016 con el PP para la investidura de Rajoy y que con esas exactas palabras figuraba en el programa electoral del PSOE, en la página 76. Todo viene de la noche del 26-J, en la que Rivera se quedó solo en su amargura contra el sistema electoral después de que al bajar el 0,8% en porcentaje de voto perdiese 8 escaños, que suponen el 2,3% del Congreso.
Iglesias, que se había blindado contra el sistema con su pacto con IU, no le secundó en sus críticas. Después Rivera arrancó del PP el mismo compromiso de "mejorar la proporcionalidad" que ya había incluido en su pacto de meses atrás para la investidura de Pedro Sánchez. Tras constatar lo que ya era evidente en 2016, que Rajoy no tiene ningún interés en reformar la ley, Cs optó por presionar con Podemos, que teme ser ahora el más castigado, porque cotiza a la baja, y además está encantado de aparecer en los medios sin hablar de Cataluña. Así Iglesias acabó respaldando la estrategia de Cs de dar a entender que con otro sistema electoral gobernaría en Cataluña, lo que no es cierto, porque aunque no hubiese mayoría independentista necesitaría a los comunes, que se niegan a apoyar a Arrimadas.
En cualquier caso, la sustitución de D’Hondt por Sainte-Laguë reduciría la ventaja de las fuerzas más votadas. Si se llegase a implantar en el Congreso podría extenderse a las autonomías, que ahora tienen D’Hondt sin estar obligadas a ello. Con Sainte-Laguë Fraga no habría obtenido la mayoría absoluta en 1989. Feijóo sí la habría logrado en 2009. Y en 2012, pero con menos margen.
