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Siete años para el archivo

MÁS RABIA que satisfacción sintió Fernando Blanco, exconselleiro en el bipartito PSOE-BNG y exconcejal de Lugo, cuando conoció que después de siete años la causa que se seguía contra él quedó archivada por la Audiencia. Siete años son un período muy largo para resolver una causa simple, como señala el propio afectado en declaraciones a Arsenio Coto. Hubo consecuencias personales y políticas. La resolución de la Audiencia se produce cuando está abierta una investigación por el Consejo General del Poder Judicial sobre el juzgado que inició y llevó la causa contra Fernando Blanco. En este momento estamos, además, en un contexto general, con una presencia no normal de los jeuces en los medios de comunicación y en la opinión pública a raíz del ‘caso de las hipotecas’. ¿Tiene el Poder Judicial mecanismos de control sobre sus propias actuaciones o hay que buscarlos fuera? Es una pregunta, con base en la propia experiencia vivida, que formula el afectado Fernando Blanco por la lentitud de la Justicia. Abrir esta cuestión no significaría ni cuestionar la independencia de los jueces ni contribuir a las sospechas o dudas sobre la injerencia de la política. Todo lo contrario.

Cada cinco años
En los últimos cuarenta años, cada cinco toca una reforma educativa. El Gobierno de Pedro Sánchez, que abre todos los frentes, va a por la octava reforma en educación. Una cosa es que haya que reformar y cambiar la llamada ley Wert y otra cosa es anunciar y ponerse a la tarea sin que se haya trabajado ni existan garantías de unas mínimas opciones para un pacto de Estado sobre esta cuestión. Este, el pacto, era el objetivo que razonablemente debería proponerse y anunciar el Gobierno. Reformas de parte ya sumamos demasiadas.
 

Siete años para el archivo
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