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Candidatos militares

COMENTANDO LAS candidaturas electorales de militares retirados, me preguntaba alguien el otro día en una amena tertulia, acerca de la última ocasión en la que hubo obispos en las Cortes. Parece que han pasado siglos pero en el Senado del régimen de la Constitución de 1876 hubo siempre prelados. Eran senadores por derecho propio el Patriarca de las Indias y los arzobispos, y entre quienes podías ser designados senadores vitalicios se contemplaba a los obispos. De todos modos, como mi interlocutor me interpelaba sobre la última vez que se sentaron mitrados en los escaños del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, le recordé que en la última composición de las Cortes franquistas había varios obispos, sí, en 1975. Es más, también llamé su atención acerca del hecho de que el Arzobispo metropolitano de Zaragoza Pedro Cantero Cuadrado, fue no solo procurador en Cortes designado por el Jefe del Estado, sino también Consejero del Reino, aquel órgano que una ocurrente ironía decía que era un Consejo que se reunía para oír los consejos del aconsejado. Como tal, de acuerdo con la Ley de sucesión, a la muerte del General Franco y hasta el juramento de Juan Carlos I, monseñor Cantero Cuadrado integró junto al presidente de las Cortes y el general más antiguo consejero del Reino, el Consejo de Regencia.

Volvimos en la charla a los militares hoy candidatos, y lo hago aquí ahora también. Hay que subrayar que el régimen político de la Constitución de 1978 y su desarrollo legislativo han dificultado grandemente la participación de los militares en la política. De entrada la Constitución misma declara inelegibles a los militares en activo, y a lo largo de estos 40 años, cosa injustificable francamente si comparamos la intensidad de los fundamentos de la inelegibilidad de los jueces y la de los militares, la ley ha sido mucho más rigurosa en relación con la posibilidad de que los militares pudieran participar en política, que respecto de los jueces en activo, que por eso han sido más. Ahí tienen al Portavoz de En Marea Luis Villares, al que más pronto que tarde, encontraran en un tribunal contencioso administrativo, para juzgar como Magistrado sus pretensiones jurídicas.

Si mis datos son correctos, y creo que lo son, en estos 40 años han sido diputados del Congreso julio Busquets (PSOE) (Cesar Llorens UCD), (Alfonso Osorio), (UCD y PP) Carlos Sanjuán (PSOE), Federico Trillo (PP) Zaida Cantera (PSOE) y yo mismo, que fui diputado del PP. De ellos tres, Busquets, Llorens y Cantera fueron militares de Armas combatientes. El resto, cuatro, hemos pertenecido al Cuerpo Jurídico Militar, lo que es muy significativo por ser las funciones del mismo judiciales y de asesoramiento.

Además todos ellos estaban en alguna situación de retiro pues así lo exigió la legislación en los primeros tiempos y porque otros ya estaban retirados. Solo yo solicité primero la excedencia voluntaria y después, cuando la Ley estableció tal posibilidad, la se servicios espaciales, que es la que la legislación funcionarial contempla para determinadas funciones constitucionales y políticas ejecutivas y representativas. Propiamente por tanto, soy hasta hoy y parece que por mucho tiempo, el único miembro de las Fuerzas Armadas que sin que se hubiera extinguido su vinculo jurídico con las Fuerzas Armadas se ha sentado en un escaño del Congreso de los Diputados desde la vigencia de la Constitución de 1978. Y es que realmente los candidatos de los que se ha hablado estos días, todos ellos, no son ya propia y jurídicamente miembros de las Fuerzas Armadas. Lo fueron. Hoy son retirados de los Ejércitos de su respectiva procedencia. Pero, en puridad no son militares.

Dicho eso y bien aclarado lo que debe estarlo, solo queda por saber cómo reaccionan los electores ante las candidaturas de las que van a formar parte, pero carece de sentido democrático ese activo rechazo a los candidatos militares retirados, que determinados sectores sociales y activos sujetos que influyen en la opinión pública, pretenden alentar.

Los militares, retirados o no, son titulares del derecho de participación política reconocido por el art. 23 de la Constitución, sin más cortapisas que las que se derivan, para los que estén en servicio activo, en orden a depurar su inelegibilidad legal.

¿A qué viene ahora el griterío en relación con estos candidatos? Fatiga ya tanto simplismo y tanto confusionismo interesado. Y no se puede admitir que porque el General Franco fuera militar se pueda afirmar que todo militar es franquista, si no lo es, que puede no serlo. Y sobre esto es mejor no escribir una palabra más, porque más de uno, si siguiera tecleando, iba a ruborizarse.

Mejor harían los que escrutan las candidaturas en detectar e informar acerca de pactos vergonzantes que van a permitir a algunos sujetos permanecer en ellas. No creo que el hecho de estar próximo a jubilarse, o la existencia de no se sabe que compromisos por haber sido esto o aquello, descuiden que no lo cuentan, puedan en fuerzas políticas con salud democrática, justificar la forma de proceder de quienes terminan imponiendo nombres a los órganos estatutarios llamados a confeccionar las candidaturas que asumen resignados el papel de “firmones”. Y tampoco es merito político cenital para encabezar listas, pasear por los pasillos del líder y darle vivas cuando entra y sale.

Si tienen dudas, repasen lo que se dijo y lo que se dice para apartar a los que no complacen y lo que no se dice ni se dirá para mantener como candidatos a sujetos que nada han aportado al proyecto del que forman parte, al menos en la Legislatura que acaba de rematar. Y eso es así del derecho y del revés, lo diga Agamenón, se llame ahora Sánchez o Casado, o por aquí Feijóo, o su porquero. Y dicho para siempre, no vale en la confección de las listas hacerlo con el criterio príncipe de una caprichosa acepción de personas. Si es así, que lo es, jugamos a otra cosa. Lamentable todo.

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