SI EL GOBIERNO, en su habitual balbuceo del sí pero no, titubea al no decir o en no saber cómo resolver la aplicación de la ley vehicular del castellano en Cataluña, el ahogo se extiende y la incertidumbre se propaga. Los socialistas, como siempre divididos, unos sí y otros no. Temen disolverse en la nada, como ya casi lo están. Solo Ciudadanos pide lo que cualquier pensante normal: cúmplase la ley, y por eso les votan. No se trata ya de echar mano del 155 sino de ejecutar lo establecido por el Constitucional. Ya se sabe que los independentistas solo fingen cambiar de parecer cuando entran por la puerta del trullo. Lógicamente están en contra de que el castellano sea de elección en los colegios; les desazona y nunca entrarán en razones. Y el no hacerlo cabrea a los no independentistas, que también están en su perfecto derecho de exigir lo que les otorga la legalidad. Todo este embrollo, como todos los embrollos catalanistas, se resuelven cumpliendo el mandato de la Constitución y de los tribunales, y quienes se opongan, aténgase (debiera) a las consecuencias. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero ya está bien de paños calientes para eternizarse en el disparate.
