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Aforados

REDUCIR la escandalosa cuota de aforados nunca pasará de ser una intención, porque limita o anula prerrogativas de los privilegiados que la defienden. En España, siempre en cabeza de lo peor, gozan de tal condición varios miles de personas. La mayoría, unas 232.000, son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y alrededor de 17.600, políticos (para que se pongan a caldo unos y otros), jueces, fiscales y miembros de distintas instituciones: Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado o los defensores del Pueblo, aparte de la Familia Real. Siendo titular de Justicia, Ruiz Gallardón intentó dejar en solo veintidós el cupo de políticos favorecido: presidentes del Gobierno, Congreso y Senado, del Constitucional, del Supremo y parlamentos autonómicos. Todo quedó en nada. Nadie entiende por qué no han de someterse a la Justicia ordinaria parlamentarios que pisotean la ley con transgresiones ajenas a su cometido institucional. ¿Por qué aplicar la inmunidad, por ejemplo, a una diputada de JxCat a la que se acusa de otorgar 18 contratos irregulares a un amigo, por casi 260.000 euros (dinero público), cuando dirigía el Instituto de las Letras Catalanas? ¿De qué hay que preservar a esta señora y no a un ladrón de bancos? Cuando menos, el atracador arriesgó su bigote.

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