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Manos arriba

SIN IGNORAR que toda sanción es susceptible de ser recurrida, tampoco es nuevo que muy pocos de los demandados optarán por apelar cuando toque, prefiriendo la reducción de cuantía por pronto pago; el recurso conlleva molestias y gastos, quizá más que la propia multa. Es el caso de las instruidas por vulnerar el confinamiento del coronavirus, más de cinco mil en Lugo. Un muy discutido control policial, que muchos juristas no comparten por no ajustarse a derecho. Hay casos de casos, y muchos de los que se tramitan son escasamente fundamentados para que prosperen. El letrado Juan Carlos López Abad apuntó en este periódico tres argumentos defendiendo su anulación. El primero, sustentado en que la legislación aplicada se corresponde con el estado de excepción y no con el de alarma; que tanto se implica a los potenciales infractores que incurren en desobediencia como a los que no se rebelan. Y por último, inseguridad jurídica, al ser los decretos gubernamentales confusos. Cierto es que muchos ciudadanos solo acatan preceptos cuando se castiga su bolsillo, pero también aletea la sensación de la avidez recaudatoria, con cuantías que desprecian la precariedad poblacional. El mínimo fijado de seiscientos euros adquiere visos de un inoportuno "manos arriba" para pulir carteras.

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