España se adentra en una crisis habitacional alimentada por un stock cada vez más reducido con el que hacer frente a una demanda al alza, lo que propulsa los precios y expulsa a muchas familias del mercado. Para tratar de guiar las políticas públicas, la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos presentaron este miércoles el primer observatorio del arrendamiento, un estudio que incluye un barómetro que mide la presión que la demanda ejerce sobre la oferta disponible, en el sentido de rastrear la media de contactos que un piso recibe en un plazo de diez días.
Si en España un anuncio recibía 16,4 muestras de interés de media en ese periodo en 2019, en el primer trimestre de este año el promedio asciende ya a 50,4, lo que sitúa el mercado español del alquiler como una zona de presión alta. A nivel autonómico, la peor situación, con diferencia, es la que vive Baleares, con 142,4 candidatos por inmueble, frente a los 35,1 de antes de la pandemia. El barómetro también distingue como zonas de presión muy alta y, por lo tanto, con una situación "muy preocupante", a Santa Cruz de Tenerife (103,7) o Barcelona (101).
El diagnóstico es muy heterogéneo a lo largo de España. En Galicia, la presión se duplicó en los últimos cinco años al pasar de una media de 7,6 potenciales inquilinos interesados en un mismo alojamiento en 2019 a los 16,2 registrados entre enero y marzo. Con esta evolución, la Fundación Alquiler Seguro —compañía especializada en la gestión profesional de los inmuebles en arrendamiento— ubica a la comunidad entre las zonas en riesgo. Todo ello coincidiendo con un repunte de los precios cercano al 25% en estos cinco años, recalando en la actualidad en un promedio de 716 euros. En paralelo, el stock se contrajo un 24,6%, dejando una bolsa de 34.180 inmuebles.
A nivel provincial, acceder a una vivienda es menos complicado en el interior. En Lugo, mientras en 2019 un apartamento cosechaba unos 6,3 contactos en diez días, ahora la referencia es de 9,3. Todo ello mediando un encarecimiento del 35,5% y un adelgazamiento de la oferta del 12%. La tensión es mayor en Pontevedra, donde el stock se redujo un 34%, con 11.456 viviendas disponibles, y los precios se dispararon un 33,6% hasta marcar los 803 euros. Con estos mimbres, la presión pasó de 8,2 aspirantes por vivienda en 2019 a 23,1 en el primer trimestre de este año, el nivel más alto de la comunidad.
A punto de que se cumpla un año de la entrada en vigor de la ley estatal de vivienda –que abrió la puerta a declarar zonas tensionadas en las que topar los precios de la renta–, la ministra Isabel Rodríguez admitió este miércoles que el Gobierno "necesita" de la colaboración de los promotores privados para construir el parque de pisos asequibles que España precisa. Fue en el Congreso, donde la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, reprochó a la coalición que "no se puede estar con los inquilinos y con los fondos buitre al mismo tiempo" y reclamó medidas como "congelar todos los alquileres en esta legislatura" y bajarlos un 15% en los ayuntamientos con más de 100.000 habitantes.
HIPOTECAS. En el mercado de la compraventa, el portal inmobiliario Idealista.com avisa que "la escasez de oferta" amenaza con "ralentizar la recuperación" de la concesión de hipotecas. En línea con las ventas –que despuntaron un 28,6% en Galicia entre enero y febrero con 4.274 operaciones–, los datos del Instituto Nacional de Estadística confirmaron este miércoles que la contratación de préstamos sobre vivienda despuntó un 20% de media en la arrancada de 2024, pues en dos meses los gallegos sellaron 2.775 hipotecas. Con la vista puesta en el esperado giro en la política monetaria del BCE, Pisos.com augura que los próximos meses vendrán marcados por las caídas de tipos a partir de junio y por las competencias que "demuestre" el Ministerio de Vivienda.
