A partir de 2024, los socios de la eurozona deberán volver gradualmente a la disciplina fiscal, una tarea que quedó suspendida en 2020 con el covid y que se siguió postergando con el estallido de la guerra en Ucrania. Poco a poco, tocará volver a poner el déficit público en vereda, lo que implica que no supere el 3% del PIB. Eso obligará a reducir la dependencia de la deuda hasta que equivalga, como mucho, al 60% del PIB.
Ante este giro en materia de política fiscal y en un escenario en el que sobre la mesa está una reforma de la financiación autonómica con una hipotética condonación de deuda, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó un estudio en el que cifra la evolución de los costes a los que tendrán que hacer frente las comunidades para pagar los intereses que genera su pasivo. Todo ello, en un contexto marcado por "el tensionamiento de la política monetaria" con el alza de los tipos de interés, que sitúa ya en el 3% la remuneración que debe ofrecer el Tesoro en sus emisiones. El nivel, señalan los expertos, es "similar" al que precedió la Gran Recesión. La diferencia es que mientras ahora la deuda del conjunto de las administraciones equivale al 112% del PIB y la autonómica, al 24%, en 2007 esas ratios eran del 36 y el 6%.
Ante un gasto en intereses y refinanciaciones que supondrá una losa, los investigadores llaman a los gobiernos regionales a "calibrar con mucha prudencia las políticas fiscales expansivas". "Embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas", avisan.
En el caso de Galicia, cuyo pasivo alcanzó los 11.977 millones de euros (17,2% del PIB) en 2022, auguran que en 2026 rondará los 12.373, lo que supondrá un incremento del 3,3% y representará el 14,7% del PIB. El think tank augura que, aunque el pasivo aumentará en toda España —engordando las obligaciones autonómicas en 8.645 millones, hasta los 325.540 millones en conjunto—, el crecimiento económico permitirá que el peso del endeudamiento sobre el PIB se reduzca del 23,9% al 20,3%.
Eso sí, la factura en intereses crecerá exponencialmente. En el caso de Galicia, la Xunta pasará de dedicar una partida de 102 millones en 2022 a tener que presupuestar el triple para 2026, esto es 372 millones (+265%), según las estimaciones de Fedea.
Con todo, la hipoteca más pesada la tendrá que afrontar Cataluña, con una factura que habrá pasado de 1.029 millones a dispararse hasta los 2.412 millones, el 27% de los 8.659 millones que las comunidades deberán desembolsar para compensar a los mercados por la financiación. En términos absolutos, también será abultado el presupuesto de Valencia, que en tres años deberá asignar 1.346 millones a intereses, un 273% más; Madrid, con 1.104 millones (+45%) y Andalucía, con 1.013 millones (+167%).
