Enfermeros y médicos se querellan contra Sánchez e Illa por el material sanitario
El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de su departamento, por un delito contra la seguridad de los trabajadores.
El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con Covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos.
Así, dicha Comisión encargó a los servicios jurídicos del Consejo la puesta en marcha de las acciones penales para exigir las responsabilidades que procedieran a las autoridades sanitarias que están interviniendo en la gestión de la pandemia. A tal fin, los expertos del Consejo General de Enfermería han llevado a cabo un extenso trabajo de investigación y de recopilación de información sobre los medios y materiales de protección de las enfermeras y enfermeros frente al COVID-19. El resultado final ha llevado al Consejo General de Enfermería a la decisión de actuar judicialmente por la vía penal.
También este jueves trascendió que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) va a interponer una querella criminal en el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad por "presunta actuación negligente" al haber distribuido mascarillas defectuosas al personal sanitario.
CESM ha explicado en un comunicado que esta actuación ha puesto "en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario", por lo que interpondrá una querella criminal "por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores" contra el titular de Sanidad "y los demás corresponsables".
Los sindicatos médicos se refieren a la distribución de una partida de mascarillas FPP2 defectuosas de la marca Garry Galaxy a distintos servicios de salud.
CESM ha denunciado que el número de sanitarios afectados por coronavirus y la evolución de la pandemia en España debería hacer al Gobierno "replantearse la práctica totalidad de la gestión que están realizando al efecto".
Durante su quinta comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para explicar las medidas que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha puesto en marcha para luchar contra el nuevo coronavirus, Illa ha avisado de que algunas comunidades autónomas, de otro color político, han coincidido con el Gobierno en los proveedores a los que han adquirido los productos sanitarios y que, en algunos casos, han resultado defectuosos.
En este sentido, el ministro de Sanidad ha comentado que se han producido cinco alertas de otros países que habían adquirido mascarillas FFP2 defectuosas, por lo que "no sólo ha pasado en España". Y es que, la semana pasada el Ministerio de Sanidad comunicó a las comunidades autónomas la retirada inmediata de las mascarillas FFP2 del fabricante Garry Galaxy, después de observarse que una partida contenida en envases verdes de que no cumple con la norma Une.
"Nosotros la testamos, evaluamos y lo dimos a conocer a las comunidades autónomas. Todo el mundo está comprando muchas mascarillas y esto no sólo ha pasado en España", ha aseverado Illa, para recordar que estos productos se deben utilizar cuando no se puede garantizar la distancia interpersonal, el lavado de manos y la higiene.