2025, otro año de vientos en contra para el sector eólico gallego

El sector eólico gallego continuó en 2025 sin ver la luz al final del túnel del bloqueo judicial a nuevos proyectos. Ya van así cuatro años de freno al desarrollo de parques eólicos, lo que mantiene prácticamente parado el contador de la potencia instalada en los montes de la comunidad. Y todo parece indicar que 2026 será otro año de vientos en contra. Al menos, los propios promotores no logran ver el fin al estancamiento.

El pasado mes de agosto creyeron atisbar un rayo de luz a través de la aguardada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avaló el procedimiento de autorización de parques seguido por la Xunta, el mismo que cuestionó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dejando en suspenso 86 proyectos para instalar aerogeneradores. Sin embargo, la resolución de la Corte de Luxemburgo no marcó un antes y un después. A partir de su dictamen, los magistrados del alto tribunal gallego deben pronunciarse sobre cada uno de los proyectos paralizados y la primera sentencia que emitieron ahondó en el bloqueo al tumbar la autorización para construir el mismo parque sobre el que se había pronunciado el TJUE, apoyándose esta vez en argumentos diferentes.

Esto hace pensar, a la espera de conocer el sentido de sus próximas resoluciones, que el embrollo judicial continuará. Pase lo que pase, el camino será lento. Los promotores tienen la opción de recurrir los fallos que emita el TSXG ante el Tribunal Supremo, pero la respuesta nunca es rápida. Y pueden formularse también nuevos recursos contra los parques. Una espiral de litigiosidad de difícil salida que tiene su raíz en la contestación social que despertó el despliegue de molinos de viento en diferentes zonas de la geografía gallega.

¿Qué supone el actual parón?

A día de hoy está paralizado judicialmente el desarrollo de casi 3.000 megavatios (MW) de potencia eólica en Galicia, proyectos que habían logrado visto bueno de la Administración para su puesta en marcha. Suponen cerca de una tercera parte de los 10.000 MW con permiso para su construcción en el conjunto de España.

Si esos 3.000 MW se desplegaran, Galicia se colocaría a un paso de duplicar la actual potencia instalada, que está algo por encima de los 4.000 MW, con 193 parques en funcionamiento. Y escalaría puestos en el ranking estatal, esos que fue perdiendo entre la tempestad. Ascendería desde el cuarto puesto al segundo, adelantando a Castilla-La Marcha y Aragón, la comunidad donde más ha crecido la eólica en los últimos años. Además, se quedaría muy cerca de la región española líder, Castilla y León, que ya rebasa los 7.000 MW. Estaría en condiciones, por lo tanto, de alcanzar lo más alto del podio en caso de poder exprimir el potencial gallego para producir energía a partir de la fuerza del viento. Sin embargo, entre 2020 y 2024 se incorporaron apenas 171 MW a la potencia instalada y 2025 deja otro año de escasos avances.

Impacto en las inversiones y el empleo

Con ese telón de fondo, los promotores se afanan en advertir del impacto económico y sobre el empleo que conlleva esta parálisis. Según la Asociación Eólica de Galicia (Ega), este "enredo judicial sin fin", como lo calificó recientemente la patronal, "provoca que se dejen de crear cada año 2.750 empleos y se dejen de invertir más de 6.300 millones de euros".

Y, más allá de las repercusiones para los promotores que ven sus proyectos en suspenso o anulados y para la industria auxiliar que fabrica componentes para la eólica —lo que contribuye a que Galicia sea la comunidad que más empleo aporta al sector —, advierten del freno que puede suponer para el despliegue de otros proyectos que necesitan de esa energía para funcionar. Una amenaza que ya habría empezado a materializarse, pues Naturgy, Repsol y Reganosa han decidido detener su plan para poner en marcha una planta de generación de hidrógeno verde en Meirama, en el concello coruñés de Cerceda, alegando entre los motivos las trabas existentes para proveerse de la energía eólica que precisaría la instalación.

El sector también urge a trasponer a la normativa española el concepto de interés público superior para dar prioridad a los proyectos de energías renovables, como estableció la Unión Europea a través de un reglamento, alegando que son esenciales para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, descarbonizar la economía y proteger el medio ambiente.

Frente a ello, vecinos de diferentes partes de Galicia y asociaciones ecologistas mantuvieron un año más su lucha contra la implantación de aerogeneradores cerca núcleos habitados del rural gallego, una contestación canalizada a través de recursos judiciales.