Las eléctricas comenzarán a cargar en el recibo de este mes los tributos autonómicos de 2013
Las eléctricas comenzarán a trasladar a los consumidores en la factura de la luz de este mes los recargos correspondientes a los impuestos que 14 comunidades imputaron en 2013 a las energéticas cuando tocaba repercutirlos en el recibo. Lo harán después de que en los últimos meses el Tribunal Supremo (TS) tumbase los recursos presentados por la Xunta y otros gobiernos autonómicos contra la orden que el Ministerio para la Transición Ecológica elaboró, estableciendo la obligatoriedad de refacturar esos suplementos territoriales. El texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (Boe) el 12 de marzo, estipulaba que las comercializadoras iniciarían las regularizaciones en la primera factura emitida "una vez transcurridos seis meses" desde la entrada en vigor del texto el día 13 de marzo, por lo que toca hacerlo ahora.
Los gallegos serán los más afectados, pues abonarán 37,65 millones de euros de una derrama que, en total, asciende a 112,45 millones.
En el caso de los gallegos, el Ejecutivo central estima que, para un consumidor doméstico con una factura media anual de 600 euros, el impacto será de 15,75 euros en total, esto es, unos 1,3 al mes.
El 19 de junio, el TS denegó la suspensión cautelar de la orden solicitada por la Xunta, instando al Ejecutivo gallego a dar cumplimiento a la sentencia que dictó en junio de 2014, cuyo contenido fue refrendado en sucesivos fallos. El Supremo mandó así imputar a los usuarios lo recaudado en 2013 por el canon eólico, el de saneamiento, el impuesto sobre la contaminación y el que grava las centrales hidráulicas, más intereses legales.
Los orígenes
El conflicto se remonta a 2012, cuando la reforma de la ley del sector eléctrico impulsada por Rajoy fijó como obligatorio repercutir al consumidor el coste de los impuestos autonómicos que gravasen las actividades o instalaciones de producción eléctrica. Pero, el Ejecutivo no hizo efectivo los suplementos territoriales en su momento por la dificultad que acarreaba su ejecución, de forma que en diciembre de 2013 se derogó la ley. Las eléctricas recurrieron al Supremo, que les dio la razón, obligando a cargar esos recargos a los usuarios mientras la norma estuvo en vigor.