España no se rinde: vuelve a recurrir las vedas de la UE para defender el palangre

En materia de pesca, el Gobierno estatal y la Xunta reman en la misma dirección. Y es que ambas administraciones conforman junto a pescadores un bloque sin fisuras con el único objetivo de salvaguardar los intereses económicos —millones de euros—, sociales —cientos de empleos— y estratégicos —la pesca con el sello Galicia arrastra a su vez a toda la cadena hostelera y es un acicate para el turismo— de la flota gallega frente a una amenaza: la veda de cerca de un centenar de zonas de pesca del Atlántico por parte de la UE a la pesca de fondo.

Se trata de un veto orquestado en pro de discutidos beneficios medioambientales que desde que entró en vigor en 2022 viene mermando la flota gallega del palangre, la mitad de ella mariñana.

Al mando regulatorio de la pesca comunitaria ya no se encuentra el polémico Virginijus Sinkevičius, artífice de esta prohibición a las artes de fondo —sin las que las lonjas estarían vacías de rape o de la apreciada merluza del pincho de Burela—, pero la sombra de este excomisario europeo de nombre difícilmente pronunciable es alargada y su herencia, envenenada para la flota gallega.

El Gobierno de España y los palangreros mariñanos, lejos de acatar la decisión, y habida cuenta de lo que está en juego y de que no comparten los supuestos argumentos ecológicos del veto, emprendieron la batalla en los tribunales europeos, recursos de apelación mediante —a los que se sumó la Xunta como coadyuvante—, para revertir estos vetos, si bien el pasado 11 de junio llegaba el mazazo al tumbar el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ambos recursos.

Pero el Ejecutivo central no tira la toalla y defenderá, tal y como asegura el ministro Luis Planas, los intereses de la pesca española hasta las últimas consecuencias. En este sentido, ayer notificaba la interposición de un recurso de casación, esta vez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el que refuerza su tesis para revertir las vedas.

¿Qué pide el Gobierno?

El Ejecutivo central, en un prolijo recurso elaborado por sus equipos jurídicos —y que permitirá a los palangreros de Burela y a la Xunta seguir personados en la causa—, exige revertir el veto a la pesca de fondo en las 87 zonas vedadas en su día por el departamento de Sinkevičius al considerar que "no hay fundamento" para las vedas.

¿Qué argumenta España?

Es más, "existen informes científicos que evidencian que el palangre de fondo tiene un muy bajo impacto sobre los fondos marinos, y que además, la especie que captura principalmente, la merluza, no habita en contacto con ellos", explicó ayer el Ministerio de Pesca. Y lamenta que "la Comisión Europea no consideró estos informes cuando aprobó el reglamento".

Además, cree el Gobierno que "el legislador [europeo] está obligado a realizar una ponderación del interés de la protección del medio marino con los intereses de las personas que llevan a cabo actividades pesqueras", algo que a juicio del ministerio no se ha hecho.

"No tener en cuenta el impacto socioeconómico de la medida va en contra de los principios de la Política Pesquera Común (PPC)", indica el ministro Planas, para quien la preservación del medioambiente "debe de ir de la mano de las cuestiones económicas y sociales del sector pesquero".

¿Y qué aduce la Unión Europea?

Una de las paradojas de este caso es que Bruselas, más que demostrar los supuestos daños medioambientales del palangre, pide a los recurrentes que prueben ellos que no hay ningún perjuicio. "Los demandantes no han logrado demostrar que no haya ningún riesgo de impacto durante el despliegue" de las artes de fondo, arguye la Justicia europea.

Con un cariz más técnico, los mismos juristas indican que "no puede excluirse que, debido a las corrientes de agua, puedan desplazarse o incluso perderse las artes de pesca accidentalmente, de modo que causen daños". Además, los magistrados comunitarios desecharon un completo informe de los técnicos de pesca de la Xunta al cuestionar su independencia (el Gobierno gallego se personó como coadyuvante de los palangreros de Burela).

¿Qué posibilidades hay de que el recurso prospere?

Luis Planas es optimista. Ayer explicó que "la decisión se ha tomado tras realizar una amplia consulta con los servicios jurídicos del Estado y constatar que hay base suficiente para argumentar y ganar el recurso".

¿Cuál es el daño a Galicia?

Ya se está produciendo. Desde que el 9 de octubre de 2022 entraron en vigor las vedas, la flota de Burela estima que el volumen de capturas cayó un 32% anual tras la entrada en vigor de la medida, siendo la merluza la especie más damnificada.

Además, hace menos de tres meses, el comité científico de la propia Comisión Europea publicó un informe sobre el impacto de las vedas: constató menos días de pesca, desembarcos e ingresos y advirtió de la pérdida de zonas de pesca. Cabe recordar, asimismo, que de los 67 palangreros afectados en Galicia, el 53% tiene sus bases en Burela y Celeiro.

¿Qué está haciendo la flota?

Tras el revés que supusieron las 87 vedas, algún armador optó por detener o dejar directamente la actividad, otros se pasaron del pincho a la volanta y el resto aguarda el desenlace judicial del caso para tomar decisiones, viéndose abocados a abandonar zonas de pesca relevantes y a buscar otras, compitiendo con más barcos.

¿Es demasiado restrictiva la política pesquera de la UE?

La cuestión de fondo es si resulta demasiado restrictiva la política pesquera de la UE en pro de pretendidos preceptos ecologistas, algo que se debate también en otros sectores como el automotriz. Esta misma semana pescadores canarios denunciaron "competencia desleal" de Turquía y China, cuyos barcos "pescan sin tantas limitaciones" en aguas cercanas al archipiélago. En cuanto al veto a las artes de fondo, Gobierno, Xunta y pescadores gallegos coinciden en que es "desproporcionado".

La flota de Burela aplaude el recurso del Estado español

La Organización de productores pesqueros del puerto de Burela (OPP) remitió ayer un comunicado en el que "agradece al ministro Luis Planas que haya decidido recurrir la sentencia" del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en la que se tumbaban los argumentos del Gobierno y la propia plataforma pesquera, con la Xunta de coadyuvante.

La OPP afea a la Justicia europea que desestimase esa apelación ante "la falta de estudios de impacto socioeconómico y datos pesqueros" que justifiquen el veto al palangre.