Llega el nuevo recibo de la basura, que supondrá otro estacazo al bolsillo
Este jueves, día 10, expira el plazo de tres años que el Gobierno central dio a todos los municipios españoles para establecer una tasa "específica, diferenciada y no deficitaria" de cara a cobrar a los vecinos por el "coste real" derivado de la recogida, el transporte y el tratamiento de los desechos. Así lo establece la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que entró en vigor el 10 de abril de 2022. Un texto que obliga, además, a plasmar en la nueva factura el desembolso que conlleva "la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos", además de las campañas de concienciación y comunicación", entre otros conceptos.
En la práctica, esto implica que las facturas en las que se combine la gestión de la basura con otros conceptos como el consumo y saneamiento del agua tendrán que dar paso a fórmulas individualizadas. En lo que toca a los residuos, este cambio supondrá, a todas luces, una nueva subida a la vista de todos los conceptos que tocará repercutir. Hoy por hoy, las estimaciones indican que en Galicia los municipios cobran alrededor del 60% del coste real que les supone gestionar los desechos de sus habitantes. En su último informe, la Ocu indicaba que el coste medio de la tasa –de 84,64 euros en enero tomando como base los datos de las capitales de provincia españolas– volvería a incrementarse en el primer trimestre como consecuencia de la tramitación de las nuevas ordenanzas para cumplir con la normativa.
En Galicia, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) emitió una guía para orientar a los administraciones locales en la elaboración, tramitación e aprobación del nuevo recibo. Independientemente de su población, todos los ayuntamientos están obligados a cobrar esta tasa. Lo que será optativo para los de menos de 5.000 habitantes es diseñar y aprobar un programa propio de gestión de residuos, una hoja de ruta con la que sí deberán contar los 110 ayuntamientos que superan este baremo en Galicia.
La ley estatal establece que los ayuntamientos deberán "comunicar estas tasas" y los cálculos que fundamentan su diseño "a las autoridades competentes" a nivel autonómico, en el caso gallego, la Consellería de Medio Ambiente.
Al filo del deadline, los ayuntamientos siguen dando pasos. Este martes mismo, el Concello de Santiago aprobaba su nueva ordenanza de gestión de residuos, un documento que llevaba sin actualizar desde 2008 y que ahora se adapta "ás directrices, lexislacións e marcos normativos e europeos".
La obligación de implantar la nueva tasa no deficitaria deriva de que España traspuso a su ordenamiento jurídico una directiva europea de 2018 que establecía el deber de los estados miembros de poner en marcha instrumentos económicos y otras medidas orientadas al cobro por la cantidad real de residuos generados y a incentivar el reciclaje en origen para mejorar la gestión de la bolsa negra, esto es, de la fracción resto.
Entre los objetivos marcados por Bruselas figura lograr una tasa de reciclaje del 55% en 2025 a nivel municipal, para llegar al 60% en 2030 y al 65% cinco años después. Para entonces, otra meta es que la recogida separada de residuos represente la mitad del peso total de los restos generados.
Riesgo de sanciones si no se despliega el nuevo recibo
En su guía, la Fegamp advirtió a las entidades locales que el incumplimiento en la fijación de la tasa puede acarrear la imposición de sanciones e incluso se contempla que se pueda condicionar el acceso a fondos comunitarios a la implementación de la nueva factura. El órgano que preside el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, dejó claro que el gravamen "non poderá mesturarse coa cuantificación pola prestación doutros servizos públicos", lo que significa que la basura tendrá que tener un recibo propio. Esto responde a que la gestión de los desechos deberá costearse "exclusivamente" con cargo a la nueva tasa, sin que puedan destinarse "outros recursos financeiros locais".
La intención es ir a un modelo de pago por generación para poder individualizar la cuota, lo que exige el despliegue de una infraestructura tecnológica para pagar por bolsa o en función del volumen o el peso de los residuos. Entre tanto, la Fegamp señala que se podrá optar de forma temporal por modelos de pago en base a criterios estimativos que puedan vincularse con el volumen de basura generada al menos de manera indirecta.