Ejercer 24 horas y hasta 30 servicios al día: suman más de 100 años de cárcel por trata en Ferrol
El matrimonio traía a España a jóvenes sobre todo de Paraguay pero también de otros países de Latinoamérica y, una vez aquí, se aprovechaban de su situación irregular y de su vulnerabilidad para forzarlas a ejercer la prostitución en pisos de Ferrol y Narón. Según relataron las víctimas, tenían que estar disponibles las 24 horas de los siete días de la semana para hacer hasta 30 servicios por jornada. Ahora, deberán pagarlo, cada uno, con 53 años y 11 meses de cárcel.
La Audiencia de A Coruña condenó a esta pareja –ella también paraguaya y él venezolano– como culpables de trata de seres humanos, inmigración ilegal y tráfico de drogas. Esto último porque, además, instigaban a las víctimas a venderles a los clientes –e incluso a compartir con ellos– viagra –"caramelos"– y cocaína –al precio cerrado de 70 u 80 euros el gramo en lo que llamaban "fiestas blancas"–. La Policía Nacional logró desarticular esta red en abril de 2023 y liberar a siete mujeres en la operación Asunción, que también dejó detenciones en Paraguay y en Córdoba.
El tribunal consideró probado que, "por lo menos desde el año 2019", ambos se dedicaron a obtener "importantes beneficios económicos" con la "explotación de la prostitución" de jóvenes a las que convencían para venir a España con la estrecha colaboración de una cuñada que había llegado a Sevilla en noviembre de 2021. Conocida como 'mami', ejercía las funciones de encargada y, por su parte, ha sido condenada a 25 años de cárcel como autora de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas de acusada nocividad, y de siete delitos de explotación de la prostitución.
La hija de los principales encausados, en cambio, quedó absuelta. Como parte del negocio familiar, ayudaba en los pisos y llegó a ejercer la prostitución.
Tarifas de 100 euros la hora, 120 las salidas
Los acusados captaban a chicas de entornos muy humildes y en situación de vulnerabilidad y, después de que aterrizaran en España, les imponían una deuda de "entre 5.000 y 7.000 euros" –si es que acaso les llegaban a precisar la cuantía– que se veían obligadas a saldar plegándose a ejercer la prostitución para ellos. Algunas de ellas relataron en el juicio que se quedaban con sus pasaportes.
El control que el matrimonio ejercía sobre el negocio era absoluto. Marcaban los horarios y agendas de las mujeres, publicitadas en páginas web como pasion.com y destacamos.com. También las tarifas: 50 o 60 euros por 30 minutos; 100 euros por una hora y 120 euros por salidas a domicilios o lugares concertados a los que se trasladaban en "taxis de confianza". Asimismo, controlaban estrictamente sus salidas y habían instalado cámaras de seguridad en los accesos de los pisos. Todo ello, añadido a su precaria situación en Galicia, desencadenaba sobre las chicas un "clima de aislamiento y cierto temor".
Tampoco cabía lugar para las protestas. Ante la dureza de las condiciones impuestas y la agresividad de algunos consumidores, una de las chicas se quejó y la procesada se limitó a responderle que, dado que se encontraba en situación ilegal en España, si salía del piso sería detenida inmediatamente por la Policía y deportada. Y que si no ejercía la prostitución, la echaban a la calle.
Los procesados se quedaban con el total del importe cobrado. Luego, un día a la semana, por lo general lunes, la principal encausada le entregaba el 50% de los servicios sexuales prestados y se hacía con el resto.
Son acusaciones provenientes del amplio elenco de testigos que desfiló por la Audiencia de A Coruña y que, según la sentencia, "viene corroborada y fortalecida" por testimonios policiales, documentación oficial, bancaria y telefónica; registros, periciales y otros instrumentos que avalan este negocio de inmigración y trata "proyectada a la obtención de beneficio económico por la prostitución abusiva y, en otro plano colateral, el tráfico de drogas".
"No somos personas inhumanas"
En su declaración en la sala, la principal acusada afirmó que las jóvenes eran "voluntarias", que solo les cobrara el alquiler y que si recibía lo que cobraban por prostituirse, era para facilitarles las gestiones en España. Una de ellas incluso llegó a darle la razón ante el tribunal en cuanto a lo primero. Por su parte, su marido afirmó que las víctimas "tenían total y libre albedrío de hacer lo que quisieran". De hecho, se escudó defendiendo que no eran "personas inhumanas".
Sin embargo, los magistrados no consideraron que tal fuera el caso.