Galicia perdería hasta 2.647 millones si el sistema del concierto fiscal se extiende

El Foro Económico de Galicia pone cifras sobre la mesa en pleno debate político sobre la reforma del sistema de financiación. Tomando como base el informe de recaudación tributaria de 2022 y la liquidación de los recursos del sistema de financiación correspondientes a ese ejercicio, el profesor de Economía Aplicada de la USC Xoaquín Fernández Leiceaga y el catedrático de la UVigo Santiago Lago Peñas presentaron este jueves las proyecciones del impacto económico que para Galicia supondría extender el cupo vasco a todas las comunidades o aplicar solo a Cataluña el concierto que PSC y ERC pactaron.

La conclusión es clara: “O que menos prexudica a Galicia é que siga o modelo común”, remarcaron los dos expertos que inciden en la necesidad de tener en cuenta las magnitudes financieras, más allá de las disquisiciones políticas, a la hora de “fixar unha posición” de cara a la negociación de una reforma que, remarcan, deberá pasar el filtro del Congreso al requerir la modificación de varias leyes orgánicas.

Las proyecciones revelan que con un sistema de concierto la horquilla de lo que perdería la comunidad oscilaría entre los 159 millones que se cederían si se materializase el cupo para Cataluña con un sistema de aportaciones por solidaridad equivalente al 75% y los 2.647 millones que Galicia dejaría de recibir con un cupo como el vasco extendido a todas las autonomías y calculado en función de la población.

“Gañar non imos ganar con solucións que reduzan a nivelación e a solidariedade interterritorial. Podemos perder máis ou menos en función do equilibrio final, pero gañar, nunca, xamais, é imposible”, zanjó Lago, que también dirige el Foro Económico de Galicia en una rueda de prensa en la Facultad de Económicas de la USC.

Entrando en materia, el estudio plantea dos vías en un escenario en el que el sistema del concierto vasco se generalizase a toda España, con una aportación a la nivelación de los diferentes territorios reducida “ata o mínimo” que hoy realiza Euskadi y con el Gobierno central manteniendo “os seus recursos actuais”.

De un lado, calculando el cupo en función del producto interior bruto y sin ningún elemento de solidaridad, Galicia perdería con este modelo unos 2.128 millones. La Xunta pasaría a recaudar el 100% de los tributos—14.920,7 millones-- y luego transferiría un cupo de 6.942,6 millones al Estado para costear los gastos comunes, tales como las infraestructuras estatales, las transferencias a los municipios, la Defensa o los gastos de la deuda.

Esto significa que la comunidad se las tendría que apañar con 7.978 millones, frente a los 10.106 millones del modelo vigente, que computa los ingresos por la participación en el IRPF, el Iva, los impuestos especiales, además de los tributos cedidos y las transferencias para financiar las competencias homogéneas.

Con este sistema, la financiación por habitante se quedaría en 2.752,75 euros, lo que equivaldría al 82,4% de la media estatal frente al 104% del modelo actual.  Esta ratio la superarían, por su elevada capacidad fiscal, los aportantes netos del sistema de financiación actual -Baleares (134%), Cataluña (120%) y Madrid (151%)—, que con el modelo vigente no salen tan bien parados debido a los mecanismos de nivelación y solidaridad. La simulación del cupo ligado al PIB autonómico refleja que la distancia entre la comunidad mejor (Madrid) y peor financiada (Extremadura 66,6% de la media estatal) aumentaría intensamente.

Pero Galicia saldría incluso peor parada si ese cupo generalizado para todas las autonomías se calculase en base al peso de la población. En este caso, la pérdida de recursos sería de 2.647 millones y la brecha entre la financiación per cápita por autonomías con respecto al promedio estatal sería todavía más pronunciada –Madrid (184%) versus Extremadura (48%)--.

Cuantas más comunidades con gran capacidad fiscal se sumen al concierto, peor paga Galicia

El estudio concluye que Galicia saldría perdiendo más “cantas máis comunidades con capacidad fiscal superior á media” se sumen al sistema de concierto y cuanto menos solidario sea este.

En un escenario en el que el BNG defiende para la comunidad un modelo como el vasco, que implique controlar el 100% de la recaudación, el exsenador del PSOE y exportavoz parlamentario del PSdeG, Fernández Leiceaga, incidió en que este modelo “non é do noso interese” y retó a quienes lo defiende a “explicar por que”.

Los efectos de la vía catalana

La tercera opción que Leiceaga y Lago analizaron es que el concierto se restrija a Cataluña, midiendo el efecto en cada una de las comunidades, que verían afectadas las transferencias en función de una mayor o incluso nula contribución catalana al modelo de nivelación interterritorial. Como aportantes netos del sistema de financiación, “só Madrid e Baleares manterían o seu financiamento intacto”, en tanto que el resto vería reducida su caja.

En el caso de Galicia, si Cataluña cerrase el grifo de la solidaridad, dispondría de 634 millones menos, en tanto que esta última comunidad contaría con 5.281,8 millones más en su favor. Con un nivel de solidaridad del 75%, los catalanes tendrían 1.320,4 millones más y Galicia gestionaría 158,5 millones menos.

Los estudiosos asumen que, aunque se optase por esta última vía, la experiencia del cupo vasco lleva a pensar que “no transcurso do tempo” la ratio de solidaridad del modelo catalán iría menguando en función de la aritmética parlamentaria y las necesidades de apoyos del Gobierno de turno.

Los riesgos de un Estado con una capacidad fiscal mermada

Más allá de la financiación, el ‘think tank’ advierte que la expansión de los cupos regionales tiene otras derivadas en “os problemas na xestión tributaria e control da fraude” y en el “debilitamento da capacidade de resposta” del Estado ante choques como una pandemia, una guerra o una recesión. En este sentido, no hay que perder de vista que al perder capacidad recaudatoria también se vería “desequilibrada” la relación con la deuda pública, que hay que devolver, lo que acarrearía “un empeoramento substancial do rating crediticio” de las administraciones españolas.

De otro lado, el Foro advierte que, además de “non ocorrer en ningún país federal de referencia da OCDE, la cesión del 100% de los ingresos del IRPF abocaría a una restricción de la “capacidade de definir a progresividade do sistema fiscal español”. Y en caso de hacer lo mismo con la recaudación del tributo de sociedades, Leiceaga y Lago auguran “problemas graves de competencia fiscal” y mayores posibilidades de fraude al fragmentar el tributo en un escenario en el que Europa se propone avanzar hacia un tributo unificado.

Apuesta por "mellorar o modelo común" y "a equidade" entre territorios

En un escenario en el que la capacidad fiscal de Galicia es insuficiente para cubrir los costes de unos servicios que se ven encarecidos por factores como el envejecimiento y la dispersión, los expertos apuestan por “mellorar o modelo común”, sin “quebralo” como “garantía para toda España e para Galicia”, y ahondar en la “equidade”.

Y con el debate sobre la condonación parcial de la deuda de Cataluña sobre la mesa y su extensión al resto de comunidades, el profesor Santiago Lago señaló que, aunque la oposición a este tipo de mecanismos en el plano teórico es lícita por parte de las comunidades más cumplidoras en términos fiscales, si llegara a materializarse, la Xunta no debería cerrarse en banda. En este caso, el objetivo, dijo, debe ser lograr una quita “igual que a de Cataluña” en términos por habitante. Se trata, recalcó, de que “os galegos non saiamos perdendo en termos comparados”.