Galicia y Extremadura, contra el cupo catalán: "No aceptamos acuerdos bilaterales que saquean la caja común"
Los gobiernos de Galicia y Extremadura han mostrado su firme rechazo al denominado cupo catalán, advirtiendo que no aceptarán "acuerdos bilaterales que saquean la caja común" y que "pisotean el principio de igualdad entre todos los españoles". Así lo han manifestado los presidentes autonómicos Alfonso Rueda y María Guardiola tras la reunión institucional celebrada este viernes en Mérida, donde ambos dirigentes han firmado una declaración conjunta contra lo que consideran una "financiación privilegiada" para Cataluña.
Este encuentro entre los ejecutivos gallego y extremeño se produce en un contexto de creciente tensión territorial por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes, que permitiría a Cataluña recaudar y gestionar impuestos que actualmente son competencia estatal. Tanto Rueda como Guardiola han criticado duramente esta medida, calificándola de "discriminación manifiesta" y alertando de sus graves consecuencias para el resto de comunidades autónomas.
Los presidentes autonómicos también han expresado su oposición a la condonación de deuda prevista para Cataluña, señalando que no se trata de una condonación real sino de "una condena a pagar entre todos una deuda provocada por el despilfarro del independentismo". Según los cálculos aportados por el presidente gallego, el cupo catalán supondría una merma anual de entre 600 y 800 millones de euros para Galicia, cifra que podría elevarse hasta los 2.500 millones si este sistema se generalizase.
La Declaración de Santiago como referente
Durante el encuentro, Rueda y Guardiola han reafirmado la vigencia de la Declaración de Santiago firmada en 2021 junto a los gobiernos de Cantabria, Asturias, La Rioja, Castilla y León y Aragón. Este documento, que ya reclamaba un reparto más justo y equilibrado de la financiación autonómica, sirve ahora como punto de partida para articular una respuesta conjunta ante lo que consideran una amenaza para la cohesión territorial.
"La Declaración de Santiago supone un punto de partida perfecto para comenzar una negociación sobre la reforma de la financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde hay que hacer las cosas", ha afirmado el presidente gallego. Por su parte, Guardiola ha destacado que esta declaración reconoce las necesidades específicas de las comunidades eminentemente rurales, con poblaciones envejecidas y dispersas, que afrontan mayores costes en la prestación de servicios públicos.
Las consecuencias económicas del cupo catalán para las autonomías
Según ha explicado Alfonso Rueda, la implementación del denominado cupo catalán tendría un impacto devastador en las finanzas de comunidades como Galicia y Extremadura. Los expertos consultados por la Xunta calculan que Galicia perdería entre 600 y 800 millones de euros anuales, una cifra que se dispararía hasta los 2.500 millones si este modelo se extendiese a otras autonomías, como parece sugerir el Gobierno central.
"Esto sería un golpe demoledor a la capacidad de prestación de servicios a los ciudadanos, y contra la unidad económica, que es parte de la unidad de nuestro país", ha advertido Rueda, quien considera que se trata de una medida "sin vuelta atrás" adoptada exclusivamente para garantizar la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa.
Por su parte, la presidenta extremeña ha denunciado que el Gobierno central no solo discrimina a ambas comunidades en materia de financiación, sino que también las está "castigando cerrando el grifo de las inversiones en infraestructuras". Guardiola ha reiterado que Extremadura no reclama privilegios, sino "aquello que nos corresponde", que debería materializarse en una reforma del sistema de financiación "que ya está obsoleto".
La falta de transparencia en el acuerdo con Cataluña
Otro de los aspectos criticados por ambos presidentes ha sido la opacidad con la que se ha gestionado el acuerdo entre el Gobierno central y los independentistas catalanes. Rueda ha denunciado la "falta de transparencia" y la "ambigüedad calculada" en lo relativo al contenido exacto del pacto, señalando que el resto de comunidades necesitan "saber exactamente lo que se ha acordado o lo que quieren acordar más bien y, en función de eso, reaccionar".
Esta opacidad dificulta que las autonomías puedan evaluar con precisión el impacto real que tendrá el acuerdo sobre sus finanzas, lo que aumenta la incertidumbre y el malestar entre los gobiernos autonómicos no nacionalistas. Tanto Galicia como Extremadura han reclamado que cualquier negociación sobre el modelo de financiación debe realizarse en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la participación de todas las comunidades autónomas.
¿Qué es el cupo catalán y por qué genera controversia?
El denominado cupo catalán es un sistema de financiación singular para Cataluña, similar al régimen foral que disfrutan País Vasco y Navarra. Este modelo permitiría a la Generalitat recaudar y gestionar la totalidad de los impuestos generados en su territorio, aportando posteriormente una cantidad para financiar los servicios que presta el Estado y un porcentaje en concepto de solidaridad interterritorial.
La controversia surge porque, a diferencia del régimen foral vasco y navarro, que tiene un reconocimiento histórico y constitucional, este nuevo modelo se percibe como una concesión política para garantizar la investidura y estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Además, comunidades como Galicia y Extremadura consideran que rompe el principio de igualdad entre territorios y pone en riesgo la cohesión social y territorial de España.
Los críticos con este modelo también alertan de que podría generar un "efecto dominó", con otras comunidades reclamando sistemas similares, lo que acabaría fragmentando el espacio fiscal español y comprometiendo la viabilidad de los servicios públicos en las regiones con menor capacidad recaudatoria.