Juan Manuel Vieites, presidente de la CEG: "No puede repetirse lo de la Dana con los fuegos; hay que ser ágiles en la reactivación"

En los últimos compases de un 2025 en el que curar sin demoras las cicatrices que dejan los incendios es un reto que, para el mundo empresarial, se suma a otros desafíos como el absentismo, la cobertura de vacantes, la productividad o "el incesante incremento de los costes", el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa (Vigo, 1952), ve necesario promover la actividad económica en la Galicia interior para contribuir a romper con la dinámica de los fuegos.

¿Cómo evalúa el paquete de ayudas activado por la Xunta para resarcir los daños causados por el fuego?
Es positivo. El presidente de la Xunta estuvo desde el primer momento al pie de la situación. La propia CEG propuso una serie de medidas tanto a nivel territorial como sectorial y la Xunta ha recogido el guante con una respuesta viva, que se irá actualizando. Las consecuencias de esta catástrofe requieren de medidas urgentes y transversales para facilitar la reactivación de las zonas afectadas. El tejido empresarial depende del compromiso institucional y de la agilidad en la respuesta. El Gobierno de España tiene que tomar nota para asegurar la capacidad de adaptación y la recuperación de las zonas afectadas. Hay que evitar cierres definitivos de negocios, preservar el empleo, reconstruir las capacidades productivas y recuperar el atractivo turístico de las comarcas.

La CEG demandó facilitar los expedientes de regulación de empleo temporal por fuerza mayor con exoneración de las cotizaciones, moratorias en el pago de las cuotas a la Seguridad Social para autónomos afectados y otras medidas como líneas de crédito con avales del Ico. Son competencias del Gobierno central...
Claro. Está muy bien lo que la Xunta ha puesto encima de la mesa, pero hay que complementarlo con otras cuestiones. El Estado tiene que jugar un papel relevante también. Además, esto nos debe servir de ejemplo para que no volvamos a ver decenas de miles de hectáreas quemadas. No podemos seguir en esta dinámica.

¿Toca repensar nuestra estructura territorial y potenciar la actividad económica en el rural?
Está claro. Soy un defensor de esa posición. Tenemos que saber preparar planes adecuados para la España vaciada, la Galicia interior. Crear empleo en las zonas rurales y actividades socioeconómicas.

¿Qué les trasladan los negocios afectados? ¿Hay riesgo de que algunos tiren la toalla y cierren?
Tenemos que ser ágiles. Si no, pasará como con la dana de Valencia, pues en este momento hay afectados que no han recibido nada y ni se les ha atendido aún. Si no se actúa de manera ágil y rápidamente habrá alguna gente que dejará sus actividades y se dedicará a otras cosas. Sería un mal precedente. La Galicia del interior necesita más actividad económica, agrícola, forestal, vitivinícola, ganadera... Todos tenemos que arrimar el hombro para que esto pueda reactivarse y la Xunta, la primera, porque al fin y al cabo son fondos públicos que hemos aportado desde las empresas hasta los ciudadanos con impuestos.

La CEG también demanda un plan de prevención ante el arrastre de las cenizas, que puede perjudicar la actividad pesquera en las rías.
Claro. Esto nos va a ocasionar contaminación del agua. En fin, creo que tenemos que hacer una reflexión global. El presidente del Gobierno hablaba de cambio climático, pero esto no tiene nada que ver con eso. Los incendios se están produciendo año tras año y tenemos que evitarlo entre todos: desde la sociedad civil, hasta las empresas y la administración. Si no hacemos un control adecuado durante todo el año y dejamos las cosas a monte, al final es muy fácil que todo arda. Tiene que haber responsabilidad por parte de todos.

"Los empresarios nos vemos sometidos por las administraciones a un acoso creciente que limita nuestras actividades"

El PIB gallego frenó su crecimiento en el segundo trimestre. ¿Temen un impacto de los incendios en la evolución de la economía?
Creo que se notará, pero muy ligeramente, bastante menos de lo que podríamos pensar. Necesistamos volver a ser una comunidad verde. Si se hacen las cosas adecuadamente por parte de las administraciones autonómica, estatal y local, que deben ir a pie juntillas, saldremos de esta. Lo haremos con sufrimiento, pero en un breve plazo de tiempo.

Al margen de los fuegos, ¿cuáles son las perspectivas del empresariado gallego para lo que resta de año y de cara a 2026?
La confederación siempre piensa en el futuro. Los empresarios somos la solución, no el problema. Debemos ser eficaces en la defensa de la libertad de empresa y de la unidad de acción empresarial a ultranza y sin complejos como eje vertebrador de la economía y de la prosperidad de la sociedad. Esto es prioritario en las circunstancias actuales, en las que los empresarios nos vemos sometidos a un acoso creciente por parte de las administraciones públicas, que limita el ejercicio de nuestras actividades. Defendemos un entorno más favorable para las empresas. Los debates que nos interesan son la cobertura de las vacantes, la morosidad, la productividad, el absentismo laboral, los obstáculos al crecimiento de la empresa o el incesante incremento de costes. Y también infraestructuras como el Corredor Atlántico Noroeste, la conexión ferroviaria con Portugal o la AP-9 y la gratuidad de los peajes. En fin, cosas que nos pueden hacer más competitivos. A nivel estatal, nos preocupa lo que algún ministerio ha dicho que va a poner sobre la mesa en septiembre.

Uno de esos asuntos es el aumento del salario mínimo para 2026. Hay que tener en cuenta que la alimentación no ha dejado de encarecerse...
Si. Lo que estamos viendo es que cada vez los contratos son menores, son más los que no son fijos. Estamos viendo que las empresas se van a otros territorios. Creo que estamos haciendo muy mal los deberes, como suele decir Bruselas, porque necesitamos un crecimiento sostenido y, en cierta medida, con los fondos europeos estamos dopados. Debemos hacer las cosas de otra manera, creando riqueza, actividad económica y empleo. El Gobierno de España tiene que entender que este tipo de cuestiones no se pueden hacer a través de real decreto, imponiendo las cosas, tanto en lo que toca al SMI como a la reducción de jornada

"La reducción de jornada acarreará a los ciudadanos mayores precios"

¿Les preocupa la reducción de la jornada laboral, que está paralizada en el Congreso?
Efectivamente. En consonancia con CEOE y Cepyme, estamos totalmente en contra de la aprobación del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales por los graves perjuicios que va a ocasionar a la economía y al empleo. Los cambios que se pretenden introducir tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos, como una menor oferta de bienes y servicios y un aumento de los precios. Que se produzca lo mismo, al mismo precio, en menos tiempo y con mayores costes va a ser muy difícil. En muchos casos, será imposible si se quiere mantener la viabilidad de las empresas y las plantillas. Hemos hecho un llamamiento a los partidos políticos para que frenen esta medida agresiva. En la memoria de impacto normativo, el Ministerio de Trabajo asume un aumento de costes cercano al 7% para las empresas y, para asegurar que es asumible, perfila una realidad sesgada de la situación de sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca, la hostelería o el comercio, muy afectados por la medida.

¿Por qué?
La hostelería, por ejemplo, tiene unas 8.500 vacantes sin cubrir, en el comercio son casi 13.000. Si sumamos jornadas de trabajo más reducidas, el perjuicio sería muy importante. Trabajo no está teniendo en cuenta que el tejido empresarial y el empleo ya están sufriendo mucho en estos ámbitos y, en particular en el caso de las empresas más pequeñas y los autónomos, los más afectados. Reiteramos nuestro rechazo a una medida que es fruto de un acuerdo meramente político. Si se puede hacer una reducción de jornada, que se haga, pero a través de los convenios colectivos, no por real decreto y de manera genérica.

¿Qué riesgos advierten?
Entre 2019 y 2024, el tejido empresarial solo creció un 0,1% en Galicia. Lo dice el Ministerio de Seguridad Social. El número de empresas con entre uno y nueve trabajadores se redujo un 1,4%. La caída se amplía al 1,6% en la hostelería, al 4,8% en agricultura, ganadería y pesca y al 7% en el comercio. Insisto en el riesgo de tomar medidas a espaldas de las empresas y de la negociación colectiva. Necesitamos más empresas y emprendimiento.