La Xunta lleva al Gobierno central al Supremo por el reparto de los menores migrantes
El conflicto entre Xunta y Gobierno central a cuenta del reparto de los menores migrantes no acompañados sube de nivel con la autorización este martes por parte del Consello de la presentación de sendos recursos ante el Tribunal Supremo contra los decretos con los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez desarrolló, de un lado, el procedimiento de reubicación y traslado y, de otro, estableció la capacidad de cada comunidad, fijando el número de jóvenes a acoger en cada territorio.
En su comparecencia posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, el presidente, Alfonso Rueda, explicó que este paso sigue al recurso interpuesto en junio ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley 2/2025 de 18 de marzo, que estableció medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Entonces, la Xunta alegó que este marco invadía las competencias autonómicas en materia de asistencia social y protección de menores. Además de Galicia, otras diez comunidades del PP también acudieron al alto tribunal.
Otras comunidades también han acudido al Supremo
Los dos decretos que la Xunta recurre ahora ante el Supremo, tras recibir el visto bueno de la asesoría jurídica, resultan del desarrollo del marco cuestionado ante el TC. Galicia no es la única comunidad que dará la batalla ante el Supremo, pues en las últimas semanas otros territorios como Baleares han dado el paso.
Rueda incidió en que la Xunta apostó "sempre pola colaboración co Goberno central" y por el cumplimiento "das obrigas que marca a lei" respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados, aunque recordó que el Gobierno gallego "sempre" pidió "unha coordinación e planificación". "Non o obtivemos en ningún momento", lamentó el mandatario, que culpó al Ejecutivo de Sánchez de establecer "unha serie de criterios" relativos a la distribución sin contactar con las comunidades.
Disconforme, asimismo, con la falta de planificación de los traslados, Rueda también cargó contra "o financiamento insuficiente", cuestiones todas ellas que motivaron el recurso de inconstitucionalidad.