La Xunta cambia la Lei da Paisaxe para allanar la reactivación de la eólica
Con más de 90 parques eólicos bloqueados en los juzgados, o lo que es lo mismo, 2.500 megavatios (MW) en la cuerda floja pese al aval del TJUE a las bases de la evaluación ambiental, la Xunta busca allanar la tramitación de los proyectos modificando la Lei de protección da Paisaxe de Galicia. Lo hace a través de la Lei de medidas fiscais e administrativas que acompaña al Proxecto de lei de Orzamentos para 2026 que el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, entregó este lunes en el Parlamento para su tramitación.
El cambio legal establece que la declaración del interés público superior de la planificación, construcción y explotación de los parques de competencia autonómica —los de menos de 50 MW—, así como de sus líneas de evacuación pesará "como un elemento de singular relevancia" a la hora de emitir los informes de impacto y de integración en el paisaje. También será decisiva en la evaluación ambiental preceptiva para que un proyecto reciba la autorización.
¿En qué sentido? La Xunta fija que la instalación de molinos y tendido tendrán "prioridade", al establecerse que el despliegue eólico "é compatible cos obxectivos de calidade paisaxística" que pautan las Directrices de Paisaxe de Galicia.
El Gobierno de Alfonso Rueda mueve ficha para tratar de que proyectos autorizados que se judicialicen puedan salir adelante. Lo hace mientras el Ejecutivo central sigue sin trasponer a la normativa estatal la directiva europea sobre energías renovables, que establece el interés público superior de las renovables hasta que Europa alcance el objetivo de neutralidad climática en 2050. Todo ello después de que la Comisión Europea enviase a Madrid en febrero un dictamen motivado por no haber adaptado su legislación a lo que fija el marco comunitario de 2023, que también reduce los plazos de tramitación y fija la obligación de designar zonas de aceleración de las energías verdes.
La Xunta, que por su cuenta ya estableció la declaración del interés público superior de los parques en la Lei de medidas fiscais e administrativas de diciembre de 2023, estipula una única excepción a la compatibilidad de los aerogeneradores con la preservación del entorno natural. Y es que la instalación en áreas de especial interés paisajístico pueda acarrear "unha perda permanente da calidade das condicións ambientais", que resulten irrecuperables cuando el parque llegue al final de su vida útil.
El impacto visual se evaluará en función del "número potencial de observadores"
La disposición adicional que se suma a la Lei da Paisaxe que el bipartito aprobó en 2008, añade una serie de directrices. Entre ellas figura que, al evaluar un proyecto, se deberá tener en consideración "a bacía visual" que genere el conjunto del parque —la superficie visible desde un punto concreto—, evaluando "unha estimación do número potencial de observadores" en base a la población de los asentamientos. La Xunta también fija que se deberán adoptar medidas para "reducir ou mitigar" el impacto visual siempre que sean "técnica e economicamente viables". En este sentido, "só será esixible a supresión ou cambio de posición" de un molino debido a su impacto visual, "e cando existan outras solucións" viables, si la instalación se plantea en una área de especial interés paisajístico o a menos de 1.000 metros de un mirador que figure en el Catálogo das paisaxes de Galicia, y en la dirección "das vistas panorámicas dominantes ou de maior interese".
También se pauta que las líneas que llevan la energía generada hasta la subestación eléctrica irán "sempre soterradas, salvo que non sexa posible por outras afeccións sectoriais ou ambientais".
Con 230 contenciosos en los juzgados que afectan a 90 parques —de los cuales unos 70 están suspendidos de forma cautelar—, el Ejecutivo de Rueda lanza un aviso al poder judicial. En la exposición de motivos de la ley de acompañamiento recuerda que la directiva europea manda a administraciones y "tribunais nacionais" dar "prioridade á construción e explotación" de la eólica "sempre que se apliquen adecuadas medidas de mitigación ou restablecemento".
En atención a la parálisis judicial, la Xunta introduce otras medidas como la que permite exceptuar a los promotores de la ejecución de la fianza que tuvieron que depositar al presentar el proyecto, cuya ejecución está prevista por ley cuando el permiso de acceso y conexión a la red caduque sin que se haya ejecutado el parque.