El grito de los concellos
A largo plazo, todos muertos. Está tan presente John Maynard Keynes en el día a día de las decisiones económicas de este país y de esta crisis que no solamente sus ideas y propuestas, sino también sus metáforas y dardos, tienen plena vigencia. Por eso el acierto ahora está en la gestión del sobresalto, que no del cambio, como venían dictando los manuales hasta la llegada del Covid- 19. Viene todo esto al caso por el mundo imposible al que se está arrojando a las administraciones locales, las más cercanas al ciudadano, con la crisis desatada por el uso de sus remanentes y ahorros.
Tan alambicada y tan por los pelos era la propuesta financiera diseñada por el Ministerio de Hacienda, y pactada en un mes tan perezoso como agosto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de Abel Caballero, que al final el asunto le ha estallado en la cara a la coalición que sostiene el Gobierno.
Lejos de representar una confiscación de libro, como señala la derecha, la fórmula ideada por la ministra Montero permitiría aliviar en cierta medida la situación financiera de los ayuntamientos, a cambio, eso sí, de toda una inyección de recursos para la Administración central, que equivalen ni más ni menos que a 14.000 millones, que es lo que atesoran los municipios como remanente de sus últimos años de superávit.
Parte de esa ingente cantidad de recursos, que se cedería a Madrid de manera voluntaria (primer matiz introducido a lo largo del período de maduración de la idea),sería reinyectada entre este año y el próximo: unos 5.000 millones. Y el resto, pues se devolvería en diez años. Este escenario permitiría que fuera la Administración central quien generase el déficit, en lugar de los ayuntamientos, que lo tienen prohibido.
Lo cierto es que la bofetada que se ha llevado el Gobierno en la votación en el Congreso era absolutamente innecesaria. Para llegar al destino a tiempo, mejor los amplios carriles de una autopista que sinuosas veredas. Es lo que piensa el exministro Montoro, quién lo iba a decir, el ideólogo de ese corsé llamado Ley de Estabilidad Presupuestariay antes que él la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que como su nombre y sus recomendaciones indican no resulta sospechosa de nada.
Pues bien, tanto el exministro como ese oportuno ‘tío gilito’ que es la Airef coindicen en que en plena pandemia resulta obligado activar la cláusula de excepcionalidad que contempla esa misma ley para suspender el marco fiscal, a lo que debe incorporarse un plan de reequilibrio de las cuentas a medio plazo. Es lo que se ha hecho en Europa, y también el propio Gobierno. Por eso España llegará a un déficit público superior al 10%este mismo año, según los pronósticos más conservadores, triplicando el del cierre de 2019. Conclusión: puede incumplir Madrid, y hasta las comunidades autónomas, no los ayuntamientos.
Aquí llega el estrangulamiento para esa primera línea de choque frente a la pandemia que es el municipalismo, tan maltratado en este país cuando se manejan números gruesos. Un dato. Con o sin la cesión de ese remanente, actualmente a plazo fijo en los bancos, el promedio de pago de los ayuntamientos a sus proveedores ya se ha disparado: de 25 días de media el año pasado a más de tres meses durante este año, cuando la ley establece un plazo máximo límite de 30 días.
Esos proveedores que ahora tardan tres meses en cobrar sus facturas son autónomos, empresas, particulares… Los mismos que tienen que acudir a los Erte o directamente bajar las persianas de sus negocios. No parece de recibo todo esto. Por eso Abel Caballero, tan fino en sus críticas en muchas ocasiones, debe obligada explicación, y sobre todo propuesta, para este problema sobrevenido que nunca tuvo que llegar a producirse. Bastaba con aplicar esa excepcionalidad, que a buen seguro sería aprobada por la mayoría de los grupos parlamentarios.
Pues no. Choque frontal. Y en esas andamos. Lo dice hasta el último informe de la Red Localis, que dirige el tampoco nada sospechoso Santiago Lago, que cree «aconsejable flexibilizar la normativa teniendo en cuenta las implicaciones presupuestarias que traerá el covid». Los concellos gallegos, recuerda, tienen un elevado remanente de tesorería y no es necesario que se ajusten al déficit cero, ni tampoco que estén tan encorsetados en cuanto al techo de gasto. ¿Alguien escuchará el grito de los ayuntamientos?