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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

Industrias en funciones

Un Gobierno que puede exhumar a Franco también debe tomar decisiones en sectores clave
Planta de Alcoa en San Cibrao. JOSÉ M. ÁLVEZ
Planta de Alcoa en San Cibrao. JOSÉ M. ÁLVEZ

SI Galicia pudiera comprar tiempo todos los males que acechan actualmente al sector industrial serían mucho más llevaderos, por no decir que relativos. El problema no está ya en el qué (costes fijos elevados, ya sea para producir alúmina o electricidad, en Alcoa o en Endesa) ni en el cómo (medidas regulatorias y fiscales que ayuden a aligerar esa factura en San Cibrao y As Pontes) sino en el cuándo: tomar las decisiones de una vez después de haber sido aplazadas sin demasiadas explicaciones o ni tan siquiera tomadas en consideración, sin llegar a plasmarse en un borraror. El gran problema en el peor momento. La reciente visita de la ministra de Industria a Galicia es ilustrativa. Reyes Maroto llegó a San Cibrao sin un papel debajo del brazo. Vino de visita. A dar una vuelta. El peor mensaje.

Un Gobierno en funciones que puede exhumar a Franco de forma inminente o que está dispuesto a revalorizar las pensiones antes de final de año si los españoles le dan su confianza en noviembre tiene la obligación de hacer frente a problemas que tienen en vilo a miles de trabajadores, sean los de las plantas de Arcelor en Asturias o las gallegas de Endesa, Alcoa o Naturgy, que son las que nos ocupan, y cuyo cierre está firmado o en boca de todos, dependiendo del caso.

Es cierto que la ley establece que un Gobierno en funciones debe limitarse al despacho ordinario de asuntos, pero no lo es menos que esa misma norma también le habilita para adoptar medidas en situaciones de urgencia y cuando así lo exijan razones imperiosas de interés que deberán ser acreditadas expresamente. ¿Qué entendemos por una situación de urgencia? Bienvenidos al mundo de los matices.

Pero no hay que irse a la ley para comprobar el margen que puede tener el Gobierno de Pedro Sánchez. El pasado 25 de abril, a tres días de las elecciones generales que han dado como resultado otra convocatoria electoral, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió el informe preceptivo para la aprobación definitiva del proyecto de real decreto por el que se regula el estatuto de consumidores electrointensivos, una de las tablas de salvación para Alcoa. La idea era que el estatuto llegase al último Consejo de Ministros antes de las elecciones. Por tanto, entonces sí se podía aprobar si no hubiera sido por los 'peros' de Competencia, que radicaban básicamente en la falta de un estudio comparado con otras ayudas similares establecidas por el resto de socios europeos, y esquivar así su ilegalidad a ojos de Bruselas. Y en esas andamos. Sin embargo, nada de sabe del dichoso estatuto, que solo será un parche para aliviar la situación en San Cibrao. ¿Tendremos que esperar esta vez a la recta final de la campaña electoral?

Este año, a mes y medio de las elecciones generales del 28 de abril, la decisión de la Abogacía del Estado de allanarse en los recursos presentados en la Audiencia Nacional contra la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra sorprendió a casi todos, por su calado y su inviable vuelta atrás. Sin embargo, hasta ahora, elecciones tras elecciones, sobre todo municipales, la incomodidad de Ence en la ría se convertía siempre en munición de campaña. De forma recurrente, el problema resucitaba cada cuatro años. Esto va de coincidencias.

Bien distinto es el caso de Endesa en As Pontes, o de Naturgy en Meirama, de cuyos planes alternativos para reconvertir las instalaciones de Cerceda a punto de clausurarse nada se sabe, por cierto. En el caso de la multinacional italiana el movimiento ha sido el contrario: adelantarse a lo que viene con un jaque de imprevisibles consecuencias, también a nada de una convocatoria electoral. A Endesa tampoco le salen los números. Esa es la coincidencia con otros casos, como el de Alcoa. Y en esta crisis lleva la voz cantante la ministra menos indicada para hablar de industrias, aunque sí de ecología. Se trata de Teresa Ribera, que pide calma para resolver un problema sobrevenido, sin duda, pero con muy pocos argumentos en su mano para hablar de empleos y mucho menos de la continuidad de la central térmica. Si la labor de un vicepresidente es la de coordinar la actuación de los ministros de un Gobierno (en este caso de dos, Transición Ecológica e Industria Comercio y Turismo) parece obligada la intervención de Carmen Calvo en esta crisis.

Galicia no puede importar energía y exportar empleos. Lo vino a decir gráficamente el conselleiro de Economía en el Parlamento esta semana, para ilustrar lo que se avecina. Difícil no estar de acuerdo con Francisco Conde. El tiempo pasa, y aunque no lo parezca, las industrias tampoco se pueden permitir estar en funciones.

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