El enfrentamiento entre el Gobierno gallego y el estatal por la gestión del litoral escribe un nuevo capítulo. En este caso el foco de la disputa es el reglamento general de Costas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido que volver a tramitar después de que el Tribunal Supremo lo tumbase a inicios de febrero por haber omitido el trámite de consulta pública. Esta vez sí incluyó esa fase, abierta entre el día 1 de este mes y ayer. Un plazo que la Xunta agotó para enviar sus alegaciones al decreto, a las que se adhirieron las principales entidades del complejo mar-industria y 26 concellos en una alianza para elevar la presión.
Además de reprobar el fondo de la norma, el Gobierno autonómico pone pegas a la forma en la que se ha tramitado. Critica que la consulta pública ya cerrada recogía "xeneralidades" y no ponía a disposición de las administraciones y las entidades y personas que se puedan ver afectadas por el reglamento "toda a información necesaria para emitir unha opinión fundamentada".
La Xunta considera que el Gobierno solo ha querido cumplir con el procedimiento que se había saltado en la anterior tramitación y "volver aprobar o mesmo texto ou incluso un máis restrictivo". Insiste en reprochar una falta de información precisa sobre las pretensiones de la norma con el litoral y las actividades que se desarrollan en él.
Con ese telón de fondo, el Ejecutivo autonómico da por hecho que no habrá cambios sustanciales en el texto. Para dar cuenta de las alegaciones, este viernes comparecieron ante los medios el conselleiro de Mar en funciones, Alfonso Villares, y la de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, que incidió en que el reglamento "parte de novo de premisas totalmente erradas: que a costa está masificada ou a equiparación de Galicia co Mediterráneo".
La política de Melide remarcó que la información lanzada a consulta pública no expone los problemas a solucionar y las posibles soluciones sino que "fai unha referencia xenérica á extraordinaria presión humana da franxa costeira e á suba do nivel do mar", una variable de cambio climático que, expuso, "xa aparece en varios artigos da vixente ley de Costas estatal".
La conselleira alegó que el litoral gallego "nin está sobrepoboado nin ten un problema acuciante relacionado co cambio climático". "Se o obxectivo é outro, a lóxico é que o teñan que dicir. Non imos permitir que nos tomen o pelo nin que llo tomen ao sector", espetó.
CONCESIONES MÁS CORTAS. La Xunta señala que, en relación con las instalaciones asentadas en el litoral, el texto de la consulta pública "unicamente fai referencia á necesidade de regular os criterios sobre as concesións e prórrogas, a limitar a súa duración e a acudir a concurso para acceder a elas". Por eso teme que mantenga o endurezca el contenido del reglamento anulado, que reducía la duración de las concesiones pasando, por norma general, de 50 a 30 años "malia que a lei permite ata 75 anos". Y reprueba que no justifique la intención de fijar una concurrencia competitiva para obtener esas concesiones.
Vázquez también cargó contra la intención de ampliar la extensión de la titularidad del dominio público marítimo-terrestre, en la que ve un intento de "eliminar calquera vestixio de presenza humana" en la costa. Recordó que el anterior texto establecía que se podría ampliar hasta el punto al que llegase una ola en un día de temporal. "Un auténtico exceso que iría en prexuízo da propiedade privada e das competencias das comunidades e concellos", concluyó.
MÁS DIÁLOGO. Villares, por su parte, denunció ataques continuos del Ministerio para la Transición Ecológica contra las actividades marítimo-pesqueras. Reclamó diálogo con las comunidades y el sector pesquero, no solo en relación con el reglamento de Costas sino también para una revisión de los planes de ordenación de los espacios marítimos que identifican las zonas con potencial para acoger parques eólicos marinos, para asegurar la compatibilidad de esta actividad con la pesca.
Incidió en que la cadena mar-industria genera unos 9.000 millones de volumen de negocio al año y es el sustento de más de 40.000 personas.
