Pasarse el canuto
Leo con preocupación una información sobre la Confac, la confederación que reúne a las federaciones regionales de asociaciones cannábicas de España. Los más de 1.700 clubes de fumadores del país se vieron obligados a cerrar por el estado de alarma, pero ahora se encuentran con que ninguno de los decretos aprobados por esa banda de delincuentes que dirige este exterminio organizado que llamamos desescalada incluye instrucciones específicas sobre su sector.
Un olvido imperdonable, porque si algo necesitamos en estos momentos los ciudadanos es un poquito de buen rollo y unas risas, y toda ayuda es poca. Ya que aún no tenemos arsenal químico eficaz contra el coronavirus, no creo yo que sea el momento de despreciar sustancias tan contrastadas como el THC, que no matará al virus pero a lo mejor nos hace olvidarlo un buen rato.
Para ir tirando entre semejante inseguridad jurídica, algo a lo que, por otro lado, ya estaban acostumbrados, los clubes cannábicos están pensando en aplicarse las normas del comercio minorista. El problema que veo es que algunas de esas medidas para adaptarse a la nueva normalidad pueden amenazar directamente la esencia de los porros tal y como los hemos conocido. Ya me parece que lo van a tener difícil para controlar los ataques de tos, pero es que están hablando de la prohibición total de compartir pipas, mecheros, papelillos y cualquier otro uso de consumo. Hablan de la prohibición de compartir los propios porros, lo que pondría fin a la costumbre más arraigada y fundamental, a ese gesto millones de veces repetido que ha contribuido a crear lazos de fraternidad entre varias generaciones de ciudadanos libres y risueños: pasarse el canuto. Quieren controlar la risa, el instrumento más poderoso que existe contra el miedo.
Yo para esto solo veo dos soluciones. Bien podría ser que Santiago Abascal, ahora que acaba de autoproclamarse como nuevo adalid del colectivo LGTBi del país, se alzase como defensor de la causa cannábica y empezasen a rular canutos entre su grupo parlamentario durante las sesiones de control al Gobierno, lo que además serviría para dar una explicación a muchas de sus intervenciones.
La otra opción sería que el Gobierno aprobase una cláusula de excepcionalidad. Esta solución parece más justa y operativa porque podría ser aplicada a cualquier situación por cualquier ciu-dadano. Consistiría en que ante la incomodidad de cumplir alguna norma, se podría alegar dicha cláusula de excepcionalidad para saltársela, sin más motivo. Bien podría llamarse ‘cláusula Ayuso’, en honor a la presidenta de la Comunidad de Madrid, una mujer que parece tomar todas sus decisiones bajo los efectos de los porros. Lástima que no dé risa.