El sex appeal de España entre los inversores extranjeros va a más. El interés de la eléctrica emiratí Taqa por Naturgy, el del fabricante de material ferroviario húngaro Magyar Vagon por Talgo, la irrupción del operador saudí STC en Telefónica o el desembarco de la china Chery en la Zona Franca de Barcelona para reactivar la antigua fábrica de la japonesa Nissan con Ebro EV-Motors son algunos exponentes de ese atractivo. Todo ello en un escenario en el que las proyecciones de los organismos internacionales coinciden en seguir situando a España como punta de lanza en términos de crecimiento en la eurozona este año y en 2025, con la transición energética y digital en marcha y el reto de la reindustrialización. No obstante, como en otros campos, no todo vale, sobre todo cuando se trata de empresas estratégicas para el Estado en campos como las telecomunicaciones, las infraestructuras o la energía. Aunque se trate de sectores que han sido privatizados, el Gobierno se resiste a perder soberanía en determinados ámbitos.
El año pasado, el capital foráneo invertido en España alcanzó los 28.215 millones de euros, una cifra que refleja una contracción del 18,5%, aunque es prácticamente la mitad de los 55.572 millones de 2018, que marcaron un récord.
¿Cuál fue su procedencia directa? De cada 100 euros, 37 llegaron de Luxemburgo. El capital del ducado —cuyo sistema fiscal es un gancho para fondos de inversión y grandes compañías de otros países, como pasa con Países Bajos— se orientó principalmente al petróleo y el gas natural, que captó 3.400 millones, las actividades sanitarias (1.833 millones) y las telecomunicaciones (1.816 millones).
A distancia, Reino Unido fue el segundo foco inversor en España, con 3.270 millones, seguido de Alemania (2.943 millones) y Países Bajos (2.287 millones).
Con todo, escudriñando en la estadística, en los datos del país de residencia del titular último de la inversión, se observa que en realidad es de Estados Unidos de donde llegó el mayor flujo inversor —más de 8.100 millones—, aunque luego se canalizase a través de sociedades ancladas en Luxemburgo.
Frente a la caída estatal, Galicia duplicó en 2023 el capital foráneo captado, aunque su atractivo aún es limitado. Fueron 416 millones, el 1,5% de la inversión que recaló en España, sustancialmente por debajo del peso de la comunidad en el PIB español, del 5,2%.
Tras una pandemia que hizo aflorar los fallos de la globalización, cuando multitud de fábricas se vieron paralizadas al interrumpirse las cadenas de suministro, con un gran peso de China, y una guerra a las puertas de la UE que hizo patente la necesidad de reducir la dependencia energética, el proteccionismo cobra fuerza en España con el foco en los sectores estratégicos. La postura del Gobierno es clara ante los inversores de países terceros: reforzar las compañías patrias con un núcleo de accionistas de confianza europeos o españoles o, llegado el caso, que el Estado tome una porción de la tarta a través de la Sepi.
El Ejecutivo también tiene en su mano echar mano del 'escudo antiopas' creado a raíz del covid para evitar la compra de compañías en apuros a precios de derribo. Este mecanismo, regulado por decreto en marzo de 2020 y en septiembre de 2023, permite el control de inversiones extranjeras en el sentido de que una operación que afecte a un sector crítico; a la seguridad o la salud pública; que implique tomar una posición superior al 10% o bien invertir más de 500 millones en una firma no cotizada deberá recibir el visto bueno del Consejo de Ministros. Además, el Gobierno se arroga la opción de autorizar una inversión con condiciones.
Con el futuro de colosos como Naturgy por definir, el proteccionismo se rearma entre voces escépticas que temen espantar al capital foráneo y que con ello se mine la capacidad de las firmas patrias para financiar su expansión.
