Celebrada por su resultado positivo, la radiografía que esta semana trazaron el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) y la Seguridad Social reflejando un país en el que nunca hubo tantos cotizantes, cerca de 20,84 millones, y que ha domado el paro hasta llevarlo a su nivel más contenido en 16 años merece una lectura más detenida pues a contraluz se comprueba que quedan fracturas por sanar. Las más resistentes son problemas que España lleva años arrastrando y que en gran media le impiden reducir una tasa de paro que destaca en el viejo continente al ser la única de dos dígitos. Según Eurostat, el 12% de la población activa estaba desempleada en octubre, el doble de la media de los 27 y muy lejos del 3,1% de Alemania o del 6,7% de nuestros vecinos portugueses.
Uno de los obstáculos para reducir este indicador es el paro de larga duración. Si bien es cierto que en Galicia las estadísticas nunca registraron una cifra tan reducida de desempleados en un mes de diciembre, una lectura más detenida de los datos revela que de los 129.504 desocupados inscritos en las oficinas públicas de colocación el 50,4% llevaba más de un año sin encontrar un empleo. En seis de cada diez casos son mujeres. En un año, el peso de este contingente aumentó en tres puntos. La situación más preocupante es, sin duda, la de aquellos que ya han visto pasar más de dos años sin visos de reinserción: son 44.507, un tercio de los parados gallegos y más del 80% supera los 44 años en un mercado laboral hostil con los trabajadores a medida que van sumando años.
Que se den estas situaciones cuando el número de vacantes está en máximos históricos —con 155.797 puestos sin ocupar en el tercer trimestre en España, 6.150 en Galicia— parece, a todas luces, un sinsentido. Y esa impresión no mejora si tenemos en cuenta que el Estado preveía destinar en 2023 una cifra histórica a políticas activas de empleo, más de 8.000 millones de euros con el foco puesto en mejorar la empleabilidad de trabajadores y parados. A nivel autonómico, en los Orzamentos aprobados para 2024, la Xunta ha dispuesto un 12,9% más de fondos, 117 millones, para un nuevo plan de formación para el empleo, además de contemplar 8,5 millones para modernizar las oficinas de colocación, reforzando la orientación e implantando un sistema de inteligencia artificial para casar en mayor medida ofertas de trabajo y demandas.
Pese al esfuerzo inversor, sorprende que en España solo un 18% de los parados confíe en los servicios públicos para buscar trabajo, una ratio que ha ido a menos, pues en 2021 eran el 20,4%. En internet, el portal del Sepe ofrece unos 22.900 empleos en el sector privado y da cuenta de unas 4.000 plazas públicas, una carta algo escasa para 2,7 millones de parados. Por aportar otro dato, en noviembre el Sepe intermedió en la colocación de 15.975 trabajadores que aceptaron una oferta que previamente una empresa comunicó al ente público. No llegaron al 1% de las contrataciones registradas ese mes. Algo falla.
En el acuerdo de investidura, PSOE y Sumar pactaron crear un plan de choque para los parados de larga duración. La receta es la de otros años: trazar itinerarios individuales, facilitar formación, y dedicar una especial atención a aquellos que superan los 45 años.
En su último análisis sobre la reforma del subsidio por desempleo aprobada por el Gobierno, Fedea se muestra crítico con un servicio público de empleo "con un conocimiento muy limitado de las necesidades del tejido productivo" y que maneja un escaso número de vacantes al "no ser capaz de ofrecer un servicio eficaz a las empresas". El el ‘think tank’ de las grandes firmas del Ibex urge "un modelo diferente de organización". Y razón no le falta.
