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Prohibido desahuciar

LOS DESAHUCIOS son episodios dramáticos que privan a las familias de la vivienda que habitan por incumplir un contrato de alquiler o crediticio (hipoteca), asunto que preocupa a la sociedad que no ha perdido la sensibilidad hacia inquilinos y familias en dificultades. Por eso, en marzo se aprobó una medida para impedir hasta el 31 de enero de 2021 los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica debida al covid-19.

Pero el populismo quiere capitalizar esta parcela y el vicepresidente de asuntos sociales acaba de anunciar un decreto que ampliará la prohibición de los desahucios, incluidos algunos de pisos okupados, independientemente de cual sea la causa de esa vulnerabilidad. El Gobierno, rehén de Podemos, acepta cambiar la enmienda a los Presupuestos presentada por ese partido, Esquerra y Bildu por el decreto anunciado por Iglesias, que gana un nuevo pulso al presidente.

El decreto requiere una redacción que garantice todos los derechos en conflicto, el derecho de las familias en dificultades y el derecho de los propietarios de las viviendas. Se sabe que hay lanzamientos dramáticos, pero Podemos, Esquerra y Bildu deben saber también que entre drama y drama de muchos desahucios se cuelan inquilinos "de oficio" -y okupas- amparados por ellos que dejan de pagar el alquiler convenido.

Los perjudicados son los propietarios, en su mayoría ciudadanos que, con grandes sacrificios y muchas privaciones, ahorraron para comprar un piso para alquilar y completar los ingresos familiares. Ellos no son culpables de los problemas de vivienda y la solución de los desahucios no puede recaer sobre sus espaldas.

Además, prohibir los desahucios por decreto es una llamada a la insumisión y va a producir el efecto contrario. La inseguridad que genera en los propietarios limitará la oferta de pisos, endurecerá las condiciones de las hipotecas y acabará con el mercado de alquiler. Se puede augurar lo mismo a la anunciada regulación del precio de los alquileres.

¿Cómo se resuelve el problema? Corresponde al Estado buscar acomodo habitacional a las familias que, por circunstancias sobrevenidas, no pueden pagar los alquileres. Las ayudas puntuales y las políticas de promoción pública de vivienda son parte de la solución y eso es lo que debería pedir Iglesias al ministerio de Ábalos que tiene las competencias en vivienda.

Pero el mismo Estado tiene que proteger a los propietarios con la ley que les da derecho a cobrar el alquiler. Del Estado es también la responsabilidad de evitar que la aplicación de la ley tenga efectos no deseados.

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