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No es lo lógico

En un Estado democrático, todo ciudadano ha de exigir que le ampare la ley si considera que se vulneran sus derechos. Incluso Puigdemont y los demás golpistas fugados de la Justicia, pese a no reconocer ni la Constitución ni el sistema jurídico, al que no obstante apelan para que se les permita concurrir a los comicios europeos. No parece lógico, pero el Supremo y otros juzgados ordinarios les allanan el camino, rebatiendo a la Junta Electoral Central, cuyo criterio de exclusión coincide con el sentido común y con el pensamiento mayoritario. Son recovecos jurídicos y deducciones difíciles de asumir para el profano. Por muy ajustadas que sean a derecho, se alejan del sentir general. Es verdad que los fugados no han sido condenados (todavía) ni están siendo juzgados como lo están los demás participantes del golpe, pero con el agravante de que son prófugos, y como tales no parecen los más indicados para representar al país que detestan en el Parlamente comunitario. Un paripé por interés propio. Cabe pensar que serán tan estrictos aplicando la ley cuando, de ser elegidos, acudan a recoger las actas. Su destino no puede ser otro que la cárcel. O no debería de haber alternativa, salvo que prevalezcan otros regateos jurídicos.

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