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¿Y los inductores?

Decidir legalmente, con rectitud y equilibrio razonables, sobre la custodia de los hijos de padres separados, es muy complicado. Los jueces se esfuerzan en aplicar la ley como mejor saben, pero a veces se percibe que, más allá de la jurisprudencia, no se valoran debidamente contextos colaterales muy sensibles, que cooperarían a suavizar tensiones. Luego surgen conflictos como el de la granadina Juana Rivas, que retuvo o secuestro durante meses a sus dos hijos para alejarlos de su padre. Acabó siendo condenada a cinco años de cárcel. En los últimos tiempos, otras dos madres reincidieron en lo mismo, ocultando a sus hijos, y acabaron arrestadas, con responsabilidades penales. En casi todos estos casos mediaron asociaciones o entidades, actuando incluso bajo cobertura de un determinado partido político, que pretenden erigirse en defensoras de unos derechos inexistentes, induciendo a las transgresoras, bajo engaño, a cometer el delito, con las consecuencias punitivas consiguientes, sin asumir la incitación y mirando para otro lado. Lo que llama la atención es que su presunta exhortación no incurra, o al menos eso parece, en responsabilidad penal, cuando sus admoniciones no parecen un ejercicio ilegal menor.

¿Y los inductores?
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