La reforma de las pensiones trazada por el Gobierno de Pedro Sánchez introdujo una cláusula en base a la cual, si el gasto que acarrean para el Estado estas pagas supera el 13,3% del producto interior bruto (PIB) en el promedio de 2022 a 2050 –una vez descontados los ingresos que aportarán al sistema los cambios introducidos–, habrá que adoptar nuevas medidas, bien sea para reforzar los ingresos o para reducir el gasto. Los últimos cálculos de Bruselas apuntan a que ese escenario se dará, pues prevé que el desembolso anual en pensiones alcanzará el 15,1% del PIB en 2050.
Si a este dato se le resta la estimación de ingresos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), del 1% del PIB, resulta un "gasto neto" del 14,1%, ocho décimas más que lo estipulado en la citada cláusula, que entrará en acción a partir de marzo de 2025 según lo fijado en al reforma firmada por exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá.
En dinero, ese 0,8% del PIB equivale a cerca de 11.700 millones de euros al año. Sería la magnitud del ajuste que España debería acometer para apuntalar la sostenibilidad financiera del sistema.
La decisión respecto a una eventual activación de medidas adicionales dependerá, entre otros factores, de las conclusión del Informe de Envejecimiento publicado este viernes por la Comisión Europea, en el que ofrece esas proyecciones de gasto, y de la evaluación de las medidas de ingresos que la Airef realizará en marzo de 2025. Aunque habrá que esperar hasta entonces, el escenario es poco halagüeño. Este organismo independiente, encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya advirtió en su momento que la última reforma añadiría más presión al sistema. A los recelos se sumó también el Banco de España.
Si finalmente el Gobierno se ve abocado a tomar más medidas tendrá un plazo de un mes para elaborar un listado y pedirle a la Airef que prepare un informe para cuantificar su impacto. En base a sus conclusiones, el Ejecutivo deberá negociar con los agentes sociales un plan de ajuste que deberá remitir como proyecto de ley al Parlamento para su entrada en vigor el 1 de enero de 2026. Si no se aprobase en el plazo previsto, la sobrecotización del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) a cargo de empresas y trabajadores para generar un colchón con el que afrontar el pago de las pensiones se incrementaría. Este año, esa aportación extra está en el 0,7% del salario bruto. Según lo estipulado a día de hoy, la escala subirá una décima cada año, hasta alcanzar los 1,2 puntos en 2029.
La CE señala como factores de mayor presión indexar las pensiones al IPC y desvincular su cálculo de la esperanza de vida
Factores de presión
En su informe, un documento de 64 páginas, el Ejecutivo comunitario señala como principal elemento de presión que la actualización de las pensiones se haya indexado al IPC, esto es, a la evolución del coste de la vida para garantizar el poder adquisitivo de los perceptores, y a la derogación del factor de sostenibilidad introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy, que ligaba el cálculo de la prestación de los nuevos jubilados a la evolución de la esperanza de vida. Indica que solo el aumento de la edad efectiva de jubilación y la decisión de penalizar el retiro anticipado "compensan parcialmente" el aumento del gasto en pensiones.
