Entre año y medio y dos años de parón y una cruzada judicial. Es el escenario que vislumbra el sector eólico tras la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronuncie sobre la legalidad de la tramitación ambiental que la Xunta y el Gobierno central realizaron para autorizar la construcción de parques eólicos.
Pero los efectos de la cuestión prejudicial planteada por la sección tercera de la sala de lo Contencioso-administrativo del órgano gallego podrían no limitarse al aprovechamiento energético del viento. Y es que el TSXG pone en cuestión un trámite que los técnicos de las administraciones realizan para poder dar luz verde a cualquier proyecto industrial o infraestructura, como una carretera, cuya implantación acarree alguna alteración del entorno. En el punto de mira está la adaptación de la ley 21/2013 de evaluación ambiental a la directiva europea 2011/92/UE. En línea con las organizaciones ecologistas y en contra del criterio del Tribunal Supremo (TS), los magistrados gallegos se inclinan por que brinde a los afectados por un parque eólico la opción de presentar alegaciones una vez que los diferentes organismos públicos implicados en la tramitación de una instalación emitan sus informes sectoriales y que estos se hagan públicos.
El proceso de tramitación ambiental es muy garantista. Al ponerlo en cuestión lo único que se genera es parálisis, señala Juan Virgilio Márquez, el director general de la AEE
"Si el TJUE admite a trámite el auto del TSXG, nos esperan entre año y medio y dos años de parón", señala el presidente de la Asociación Eólica de Galicia, José Manuel Pazo, que augura que el desarrollo de unos 3.000 megavatios (MW) repartidos en 69 parques quedarán en 'standby'. Según la Ega, su construcción iba a traducirse en unos 4.200 millones en inversión y 4.800 empleos. Después de cuatro años en los que apenas se desplegaron 81 MW en la comunidad, mientras en el conjunto de España la potencia instalada creció en 4.300 MW, el panorama en los montes gallegos sigue siendo la parálisis.
En este escenario, Pazo advierte que los promotores se arriesgan a perder los permisos de acceso y conexión a la red y recuerda que está en juego el futuro de fábricas como Alcoa y los 32 proyectos industriales que precisan de 8 teravatios adicionales de energía renovable para poder implantarse, con una inversión asociada de 6.300 millones.
"Nos parece un escenario de inseguridad jurídica enorme. Tenemos que ver si seguimos invirtiendo en Galicia o no", indica Juan Virgilio Márquez, el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que observa con preocupación que parques que tienen una declaración ambiental favorable y que cuentan con las autorizaciones previa y de construcción aprobadas "estén siendo paralizados". "Es una indefensión total para los inversores", remarca el madrileño. Sostiene que no es de recibo que el TSXG cuestione ante la UE una ley "que se lleva aplicando desde hace once años" y por la cual se tramitaron ambientalmente multitud de infraestructuras e industrias, "que llevan funcionando correctamente y con respeto" al entorno. Los promotores defienden que el proceso "es muy garantista" y urgen a "dar prioridad de solución" a un conflicto que pone en riesgo los acuerdos de suministro bilaterales firmados con las fábricas "que necesitan que los parques se instalen". Se avecina, advierte, "una migración industrial que no queremos".
La Xunta moverá ficha. El presidente confirmó este jueves la presentación de un incidente de nulidad ante el Supremo para que corrija la doctrina del TSXG, que en los últimos días suspendió de forma cautelar 13 parques amparándose en que deben prevalecer los principios de cautela, prevención y precaución en materia ambiental. Preguntado por la "obxectividade" de la sección que decidió acudir al TJUE, de la que forma parte el que fuera líder de En Marea, el magistrado Luis Villares, Alfonso Rueda tachó de "inédito" que el órgano judicial "acuda á xustiza europea para poñer en cuestión o que dixo o Supremo", que avaló la tramitación en un fallo del 21 de diciembre.
LA XUNTA NON CALA. Ante un escenario de "paralización total" de las obras, el mandatario defiende el "estrito" trabajo de supervisión de los técnicos de la Xunta y pone como prueba que el año pasado 48 parques obtuvieron una declaración de impacto ambiental positiva y otros 45 no pasaron el filtro. Pese a "respectar" la decisión judicial, sostiene que no cabe "quedar calado" y rechaza que el TSXG "suspenda cautelarmente practicamente calquera tramitación eólica simplemente con que haxa unha mínima oposición".
Por el contrario, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, salió en defensa del alto tribunal gallego, del que dijo que solo "pretende dar uns criterios claros" para el desarrollo eólico y actúa "no ámbito das súas competencias".
La CEG también evaluó la situación. Al término de la reunión de su comisión de energía, la patronal gallega mostró su "preocupación" ante una decisión judicial cuyas consecuencias "pueden ser de extrema gravedad" para el tejido productivo.
