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El Gobierno confirma el nombramiento de Melgar como fiscal general del Estado

Fotografía de archivo de Julián Sánchez Melgar. RAÚL SANCHIDRIÁN (EFE)
Fotografía de archivo de Julián Sánchez Melgar. RAÚL SANCHIDRIÁN (EFE)

Sustituye al fallecido Maza

El Consejo de Ministros ha confirmado este jueves el nombramiento del magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado una vez recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cumplido el trámite de su comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

Con ello, tal y como ha informado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, el Ejecutivo ha culminado el proceso de designación de Sánchez Melgar.

El nuevo fiscal dejó claro el pasado martes, en su examen ante la Comisión de Justicia del Congreso, que el Ministerio Público responderá de forma "serena y firme pero proporcionada" en caso de que "se reiteren actos de desobediencia a los tribunales o de desprecio a la Constitución" en Cataluña.

"No alcanzamos a comprender por qué ha de cumplirse la ley en una parte del territorio del Estado y no en otra", aseveró el fiscal, quien se comprometió a "practicar una defensa activa de la España constitucional", como es la "obligación de la Fiscalía".

Julián Sánchez Melgar es un penalista conservador que formó parte de la Sala que admitió la querella por el procés independentista en Cataluña.

De este modo, Melgar (Palencia, 1955) representa una línea continuista sobre el fallecido José Manuel Maza, su predecesor: respetado experto penalista, conservador, cercano al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y de talante favorable al diálogo y personalidad accesible.

Formaba parte, junto a otros cinco magistrados, de la sala que admitió a trámite la querella que el fallecido fiscal general presentó contra la Mesa del Parlamento de Cataluña.

El magistrado, que tras una serie de recientes jubilaciones era uno de los más veteranos miembros de la Sala de lo Penal del Supremo, fue ponente de la llamada Doctrina Parot, una jurisprudencia que hizo posible el cumplimiento íntegro de las condenas para miembros de Eta.
 

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