Cerca de 690.000 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Galicia. Son casi 53.000 más que un año atrás. Y de ellas, alrededor de 222.000 viven en una situación de carencia material y social severa. Son datos que reflejan "el encarecimiento de la vida por la inflación y el aumento de los precios de la energía", sostienen desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). La crisis de precios y de la energía puede explicar en buena medida el repunte de este porcentaje de afectados en la comunidad gallega, que creció desde el 23,6% hasta el 25,5% de sus habitantes; un aumento porcentual que solo es mayor en Navarra (+2,7) y Cantabria (+2,5), y que sitúa esta tasa como la más alta en esta última década –que es hasta donde alcanza la serie histórica–.
La Encuesta de Condiciones de Vida de 2023, publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (Ine), recoge un aumento generalizado respecto de 2022 de las personas afectadas por al menos uno de los tres criterios del denominado indicador Arope –riesgo de pobreza, carencias materiales y sociales severas, y baja intensidad en el empleo–, de tal manera que engloba al 26,5% de los habitantes de España, medio punto más, lo que equivale a unos 12,7 millones de personas.
Ese 25,5% de Galicia, pues, se mantiene por debajo de la media estatal, a pesar del balance interanual negativo. Queda así a distancia de las autonomías con peores tasas, como Andalucía (37,5%), Canarias (33,8%) y Extremadura (32,8%). En el lado contrario figuran País Vasco (15,5%), Navarra (17,2%) y Madrid (19,4%).
En todo caso, estos apuros económicos se traducen en que casi uno de cada cinco hogares gallegos llega a final de mes con dificultades o muchas dificultades, la cantidad más alta en un último lustro también marcado por la crisis derivada de la pandemia.
Influye que la renta neta media por hogar fuese de 31.300 euros en 2023, la sexta más baja del país, solo por encima de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias, aunque lo cierto es que son unos 1.500 euros más que en 2022 y, de hecho, este montante nunca había sido tan alto –al menos desde que comenzó a computarlo el Ine, en 2008–. Igualmente, también toca suelo tras reducirse en dos puntos, hasta el 7,5%, la tasa de personas que vive en hogares con baja intensidad en el trabajo en Galicia –es decir, aquellos en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial durante el año–. Incluso el coeficiente de Gini –utilizado para medir la desigualdad de los ingresos de una población– también se suaviza seis décimas, hasta el 27,4.
Así pues, estos indicadores apuntarían hacia ese impacto de la inflación y del coste de la energía.
Acción "urgente"
Vistas las estadísticas, EAPN-ES considera "urgente" reforzar las medidas incluidas en el escudo social, "tanto en intensidad como en extensión", puesto que, según advierte, "no hay margen para dar marcha atrás en políticas sociales".
En este sentido, subraya que "es imprescindible" una actuación "más decidida" tanto desde los ministerios competentes como desde los gobiernos autonómicos. Y para estos últimos, recalca que es "inaplazable" que complementen el ingreso mínimo vital.
Además, EAPN-ES destaca que es imprescindible diseñar iniciativas "específicas" para las familias con menores a cargo, que son las que se llevan "la peor parte" de la coyuntura económica, "especialmente los hogares monoparentales, que no son capaces de afrontar el aumento del coste de la vida, lo que se traduce en un aumento muy preocupante de la pobreza infantil respecto a 2022", de más de dos puntos. Entre los menores de 16 años, la tasa Arope se eleva en España hasta el 34,3%.
