La CEG llama a bajar el Iva de los alimentos y la fiscalidad del carburante ante la crisis
Con la estabilidad económica comprometida por los efectos en cadena de la guerra en Oriente Medio, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) remitió el sábado a la Xunta y al Gobierno central un documento en el que analiza el impacto de la contienda en el tejido productivo y en el que demanda una serie de medidas de apoyo enfocadas a las empresas, algunas de las cuales ya fueron puestas en práctica tras la pandemia del covid en 2020 y en el paquete de respuesta a la crisis energética que derivó de la invasión de Ucrania en 2022.
En el documento, al que tuvo acceso AGN, la patronal gallega advierte que el encarecimiento de los carburantes, la electricidad y el aumento de los costes logísticos y de "la incertidumbre en el comercio internacional" pueden golpear "de manera importante" economías abiertas como la gallega. Con exportaciones por más de 31.000 millones en 2025, el peso de las ventas al extranjero equivale al 53% del PIB, lo que refleja que la economía gallega está particularmente abierta al exterior.
En esta tesitura, la organización que pilota Juan Manuel Vieites advierte a las administraciones que resulta "imprescindible adoptar medidas integrales y coordinadas entre administraciones para proteger el tejido empresarial, especialmente en sectores exportadores e industriales estratégicos".
En materia laboral, después de que la comunidad lograse reducir la tasa de paro al 8,3% gracias al dinamismo en la creación de empleo que siguió a la pandemia, la CEG reclama "una aplicación ágil" de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) para poder sortear esta nueva crisis, además de reivindicar que se articulen "programas de apoyo al mantenimiento" de los puestos.
Entre las propuestas en materia de energía y fiscalidad, el empresariado gallego demanda una "reducción temporal" del impuesto especial de hidrocarburos y del Iva, que determinan alrededor del 40% del precio de los carburantes y reducir los peajes eléctricos a la industria electrointensiva para migar la subida de la luz, además de actuar sobre las subvenciones que perciben por los costes indirectos del CO2. A esto suman rebajar las tasas aeroportuarias para no dañar el turismo este verano. Con el foco en mantener el consumo interno, la CEG también llama a "contener el precio final" de los alimentos básicos para lo que receta "ajustes en el Iva", una medida que ya se testó tras la guerra de Ucrania.
La financiación es otra de las preocupaciones. La CEG demanda desde líneas de crédito con aval público, hasta que se articulen "ayudas rápidas y sencillas" de tramitar. El elenco de medidas es extenso y va desde la concesión de ayudas "al consumo de botellas de oxígeno medicinal, hasta la necesidad de políticas de apoyo a la producción agroalimentaria para "evitar una mayor inflación" en la cesta de la compra, pasando por el "refuerzo" de los programas de financiación para la transición energética para reducir la dependencia de combustibles fósiles.
La CEG ve, asimismo, necesario apoyar el consumo con bonos de movilidad o "transferencias directas a colectivos vulnerables".
Con el foco en el comercio exterior, los patronos gallegos recomiendan diversificar la producción y el aprovisionamiento de sectores "críticos" hacia mercados "más cercanos o menos expuestos a riesgos internacionales" para que la economía gallega sea menos vulnerable ante "interrupciones de la cadena de valor". Compensaciones para encajar el incremento de los fletes y de los seguros del transporte marítimo y apoyo para explorar nuevas rutas logísticas son otras de las proposiciones.
La viabilidad de obras y contratos públicos preocupa
El encarecimiento de las materias primas y la energía tiene en los contratos públicos otra derivada ante el riesgo de que su ejecución se vea comprometida. Consciente de ello, la CEG insta a Gobierno central y Xunta a "permitir la revisión" de esos acuerdos para "asegurar la viabilidad" de los proyectos, además de abrirse a "la ampliación justificada de los plazos de ejecución o entrega" cuando se deban a problemas en las cadenas de transporte y suministro.
Además de pedir que se eleve la referencia del precio del combustible en el índice general de costes del transporte, los empresarios ven pertinente incorporar a "los contratos públicos de larga duración o con elevada dependencia de los mercados internacionales" un análisis de riesgo geopolítico y suministro.
Ante un escenario internacional "incierto", la CEG advierte a las administraciones que "la gestión coordinada" de los riesgos es "clave para proteger el tejido empresarial y garantizar la resiliencia de la economía gallega".