La flota quema el último cartucho contra las vedas de Bruselas a la pesca de fondo

Camino de cumplirse ya dos años desde que la Comisión Europea prohibió la pesca con cualquier arte de fondo en 87 zonas de aguas comunitarias entre el golfo de Cádiz e Irlanda, los recursos que el Gobierno central y la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela –con la Xunta como coadyuvante– presentaron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el reglamento de ejecución que impuso esas vedas siguen pendientes de respuesta.

Este jueves se dio un paso clave en este largo proceso con la vista oral en el Tribunal General de la UE, en la que las partes demandantes tuvieron la última ocasión para defender sus recursos ante los jueces y proponer pruebas en contra de una de las medidas más duras que recuerda el sector entre las adoptadas por Bruselas.

Se trata de la fase final del procedimiento en el que los abogados de todas las partes plantean sus argumentos ante los cinco jueces designados para este caso, que fijaron para el 15 de julio el cierre de la fase oral. La sentencia final se espera para los próximos meses, pero nadie se aventura con los plazos. 

Desde Galicia viajaron a Luxemburgo el gerente de Armadores de Burela (Absa), Miguel Neira; el de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela, Sergio López; y el conselleiro de Mar, Alfonso Villares. 

Pérdida de capturas y facturación

Aunque el cierre entre los 400 y 800 metros de profundidad de esas 87 áreas ubicadas en aguas de España, Irlanda, Francia y Portugal, en las que los buques pescaban especies como la merluza, el rape o el gallo, ya ha tenido consecuencias irreparables como la pérdida de capturas y facturación, o el gasto que acarreó para buena parte de la flota su decisión de cambiar de arte pasando, por ejemplo, del palangre a la volanta, el objetivo es lograr que la Justicia europea tumbe la medida para volver al escenario anterior al 9 de octubre de 2022, cuando se consumó un cierre que el Ejecutivo comunitario justificó para proteger ecosistemas marinos vulnerables.

Enfrente, los grandes argumentos esgrimidos por la flota de Burela y el Ministerio de Pesca en los recursos y reiterados este jueves en la vista son que Bruselas no evaluó las consecuencias socioeconómicas de la decisión con informes previos, no utilizó la información técnica y científica más actualizada de la que se disponía ni midió el impacto real que cada una de las artes afectadas tiene en el fondo marino, donde habitan corales, esponjas o plumas.

El palangre, el más afectado

Aunque el reglamento fue concebido para poner límites al arrastre, la modalidad más perjudicada acabó siendo el palangre de fondo con el que la flota mariñana pesca merluza, entre otras especies. 

El volumen de capturas anual de esta flota cayó más de un 30%, según datos de la OPP Burela, que advierte que un golpe de esta magnitud en su línea de flotación "hace inviable totalmente su futuro". 

Durante el procedimiento judicial se aportó un estudio dirigido por el Centro Oceanográfico de Vigo que concluyó que el palangre demersal o semipelágico tipo piedra-bola utilizado para pescar merluza tiene un impacto nulo en los fondos y en los ecosistemas marinos vulnerables. 

"Creemos que los jueces han entendido correctamente las pruebas presentadas en cuanto a que el palangre demersal no tiene impacto en los fondos marinos y las graves consecuencias económicas derivadas de su prohibición", señaló Sergio López en representación de la OPP Burela y de las 16 empresas que participaron en el recurso. 

También se aportaron estudios socioeconómicos, realizados por la Universidade de Santiago, y cartográficos, para demostrar las diferencias entre zonas de Europa.

Buenas sensanciones

Las sensaciones con las que los representantes de la flota burelesa salieron de la vista son buenas, valorando "el escrutinio detallado que el Tribunal ha hecho de los argumentos de las demandantes", pero optan por la prudencia. 

"Ya sabíamos que sería un proceso lento y caro, en tiempo y dinero, pero consideramos que teníamos que acudir a defender a nuestra flota porque esta norma tan desproporcionada pone contra las cuerdas la viabilidad de las empresas", señaló López. 

Los representantes de la flota contaron con el apoyo del conselleiro de Mar, que desde Luxemburgo cargó contra lo que considera una "neglixencia normativa" que "está afectando a moitas familias galegas". Alfonso Villares incidió en que se trata de una decisión "inxusta e discriminatoria" que "carece de fundamentos técnicos e científicos".

El exalcalde de Cervo enmarcó la medida en la deriva medioambientalista de la Comisión, remarcando que no tuvo en cuenta otros factores como el social y el económico. Recordó que la pesca es la principal actividad económica en un tercio de los municipios gallegos.