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El Gobierno aspira a restringir la jubilación anticipada y vetar el retiro forzoso

José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.EFE
José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.EFE
Traslada a los agentes sociales una batería de propuestas de cara a la reforma del sistema de pensiones. Entre las medidas para acercar la edad real de retiro a la legal, el Ejecutivo plantea revisar los coeficientes reductores de la edad de jubilación que se aplican a profesiones de riesgo

El Gobierno está decidido a acercar la edad efectiva de retiro —que ahora se sitúa en 65 años para las mujeres y en 64,3 para los hombres— a la edad ordinaria, que en 2021 se elevará a 66 años para quien haya cotizado menos de 37 años y 3 meses. Para ello, se propone endurecer el acceso a la jubilación anticipada voluntaria, prohibir las cláusulas de retiro forzoso en los convenios y modificar los coeficientes reductores de la edad en algunas actividades.

Son algunas de las propuestas que el Ministerio de Seguridad Social ha trasladado a sindicatos y patronal, según fuentes consultadas por AGN. En lo que concierne a la jubilación anticipada, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, se plantea modificar los coeficientes reductores para "desincentivar" el abandono temprano de la vida activa aplicando "penalizaciones decrecientes" en la pensión de tal manera que la reducción de la prestación sería más intensa que en la actualidad para los retiros que más se anticipen a la edad legal.

En cuanto a la prohibición de las cláusulas de jubilación forzosa en los convenios, la idea es modificar el Estatuto de los Trabajadores para impedir que una empresa pueda rescindir un contrato por haber alcanzado la edad efectiva de retiro.

El tercer planteamiento del Gobierno —que debe trasladar a Bruselas las claves de la reforma como contrapartida para tener acceso a los fondos de recuperación— pasa por modificar los coeficientes reductores de los que se benefician los empleos "penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres". Para ello, sopesa revisar las actividades y colectivos afectados, dar una solución específica a los autónomos y otorgar preferencia a iniciativas impulsadas de forma conjunta por patronales y sindicatos. A la hora de determinar la edad de retiro de estos profesionales, el ministerio defiende tener en cuenta los índices estadísticos de siniestralidad generales y extremos, esto es, evaluar los fallecimientos y las incapacidades permanentes. En todo caso, Escrivá plantea crear una comisión con patronal y sindicatos para abordar la aprobación de un nuevo decreto de reconocimiento de coeficientes reductores que, además, serían revisados, como máximo, cada cinco años.

En cuanto a la cláusula de salvaguarda que incluyó la reforma de las pensiones de 2011 para garantizar las condiciones de retiro previas a los trabajadores despedidos antes de la entrada en vigor de la modificación del sistema —el 1 de abril de 2013—, el Gobierno plantea prorrogarla un año más para dar cobertura a quienes se jubilen antes de enero de 2022. CC.OO. y UGT exigen levantar el límite temporal.

El IPC medio de cinco años, la referencia para revalorizar las prestaciones
Entre los cambios que el Gobierno pretende en un sistema que sostiene más de 6,1 millones de pensiones de jubilación en España figura modificar la fórmula de revalorización, manteniendo "el poder adquisitivo". La idea es tener en cuenta la variación interanual del IPC en un periodo de cinco años (el ejercicio que se vaya a presupuestar, más el siguiente y los tres años anteriores). Sobre la media resultante se repercutirán la desviación entre lo que subieron las pensiones y lo que realmente se encareció el coste de la vida en el ejercicio previo y también en el quinquenio anterior. El Gobierno garantiza que en ningún caso se reducirán las prestaciones.

Gastos impropios
Antes del fin de 2023, el Ejecutivo aspira a completará el traspaso de gastos impropios de la Seguridad Social a los presupuestos generales del Estado.
 

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