Unos 2.700 dependientes sin prestación cobrarán en enero una ayuda
En un escenario en el que, según los cálculos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, más de 388.900 ciudadanos perecieron en España esperando las ayudas de la dependencia desde 2017, de los cuales 6.557 eran gallegos, la Xunta asume que toca remangarse para mejorar la cobertura. "Hai que axilizar os tempos de valoración", admitió este jueves el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el transcurso de una visita a la residencia de tiempo libre de Panxón, en Nigrán, adonde acudió en compañía de la conselleira de Política Social, Fabiola García.
En este marco, explicó que una vez reconocido el derecho a una prestación, mientras dure la espera hasta que esta cobertura se haga efectiva lo procedente es que "cando menos teñan unha axuda da Xunta". Y avanzó que este viernes la reunión semanal de su gabinete servirá precisamente para "deixar todo preparado" para que estas pagas —que contempla la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los Orzamentos para 2025— sean realidad "a partir do 1 de xaneiro" de forma automática. El encuentro servirá, además, para aprobar un plan para agilizar los trámites para reducir las esperas.
Esta nueva ayuda directa llegará a 2.700 dependientes que tienen reconocido el derecho pero están a la espera de poder acceder a una plaza pública en una residencia o en un centro de día o bien de que se les asigne un servicio de atención a domicilio.
El titular del Ejecutivo gallego defendió que el diseño de esta prestación directa es el resultado de que la Xunta encara 2025 con unos Orzamentos aprobados. "Axilizaremos as valoracións e faremos o posible para que, se as personas non poden ter inmediatamente a prestación que elixiron, cando menos teñan a axudas da Xunta dende o principio", destacó.
Entre otras mejoras, la ley de acompañamiento de los presupuestos también incluye la tramitación conjunta en un mismo procedimiento del reconocimiento de grado de dependencia, del derecho a las prestaciones del sistema y de la validación del grado de discapacidad. Además, se aligerarán las cargas burocráticas de manera que el solicitante no tendrá que presentar el informe de salud en el que se fundamenta la valoración, sino que será recabado de oficio por el órgano competente. De otro lado, se simplificará el procedimiento de revisión del grado y del programa individual de atención.
La espera media supera el año
Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, aunque el plazo máximo legal para resolver un expediente se sitúa en seis meses, en Galicia la demora alcanza los 339 días, atendiendo a la última radiografía del Imserso con datos a cierre de octubre.
Aunque el promedio supera la referencia estatal, de 330 jornadas, lo cierto es que el tiempo que transcurre desde la solicitud hasta la resolución del servicio se ha reducido en 25 días en la comunidad.