Achacan a una estrategia "sibilina" las acusaciones contra los Miguelianos

Una de las más estrechas colaboradoras de Rosendo asegura que jamás tuvo constancia de que el líder de la orden mantuviese relaciones o realizase exorcismos a las consagradas

Miguel Rosendo, en el juicio. SALVADOR SAS (EFE)
photo_camera Miguel Rosendo, en el juicio. SALVADOR SAS (EFE)

Iria Quiñones, una de las más estrechas colaboradoras de Miguel Rosendo da Silva, el líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, conocida como los Miguelianos, ha atribuido este martes a una estrategia "sibilina" las acusaciones de abusos sexuales, coacciones o irregularidades económicas que pesan sobre esta asociación de fieles. En su declaración ante la Audiencia de Pontevedra, en la que se sienta como acusada de pertenencia a una asociación ilícita —delito por el que se enfrenta a dos años de prisión—, Quiñones ha defendido que jamás tuvo conocimiento de que Miguel Rosendo realizara prácticas sexuales o exorcismos con las consagradas.

Durante más de cinco horas, la acusada ha señalado al capellán de la cárcel de A Lama, Isaac de Vega, por tener una "inquina personal" contra la asociación, impulsando un "proceso de destrucción silenciosa" con la que buscaba, ha dicho, "amargarnos la existencia".

"Fueron los peores meses de mi vida", ha explicado Iria Quiñones, que ha añadido que todas las integrantes de la orden estaban "perfectamente" y se mantenían en la órbita de la congregación "porque querían".

Quiñones ha sostenido que ella no percibió "nada que —le— hiciese sentir subyugada", y, tras negar haber visto que el líder hiciese exorcismos, lectura de cartas astrales o espiritismo, ha apuntado: "La facultad sobrenatural que tenía era que rezaba. Si esa es una facultad sobrenatural...". 

Iria Quiñones se enfrenta a dos años de prisión por pertenencia a asociación ilícita

La consagrada, en respuesta al fiscal sobre si alguna vez escuchó a Miguel Rosendo decir "maricón" a miembros de la asociación, ha manifestado: "En alguna ocasión si, lo escuché, pero no con connotación sexual, sino como persona 'calzonazos', una persona indecisa que no toma decisiones". El término "puta", en cambio, ha afirmado que "nunca" se lo escuchó decir a nadie. 

COACCIONES Y AMENAZAS. En cuanto a las coacciones y amenazas, ha remarcado que en la conocida como casa madre de Mougás "hubo muchas veces discusiones", pero lo ha justificado en que mantenían "una convivencia estrecha"; y ha añadido que "nunca" vivió "broncas fuera de lo normal en una familia". "No percibí nada que me hiciese sentir subyugada", ha apostillado. 

Asimismo, ha reconocido que al principio en la Orden "no había limitación" para hablar por teléfono, si bien iban a locutorios "una vez al mes" y siempre acompañados por otra persona. No obstante, como el contacto con los familiares afectaba "mucho" a los miembros de la asociación, espaciaron las visitas a una vez cada cuatro meses y las llamadas a una vez por mes con cada familiar. 

Finalmente, de acuerdo con su relato, el que en aquel momento era el obispo de Tui-Vigo acudía a la 'casa madre' de Mougás y "sabía" lo que hacían, y la Iglesia dio su amparo a la asociación. "Por eso a mí me duele que nos llamen pseudo-monjas", ha comentado. 

ABUSOS. Posteriormente, al ser cuestionada sobre si alguna mujer fue sometida a prácticas sexuales, ha recalcado que ella ha "vivido otra cosa". "Para mi eso es tan incomprensible y loco que he decidido vivir de lo que veo, no de lo que dicen los demás", ha señalado, añadiendo sobre las afirmaciones de la acusada-víctima que en su relato hay "tantas cosas que no son verdad...". 

Acerca del término "trabajo" o "trabajiño", que la acusada-víctima vinculó a abusos sexuales, Quiñones ha admitido que se lo escuchó, si bien ha sostenido que fue "sobre todo referido a la consulta de herboristería". "A mí nadie me impuso nada; no tengo conciencia de hacer nada sin querer hacerlo", ha remarcado, asegurando que ella no tuvo "relaciones consentidas ni no consentidas con Rosendo". 

La Fiscalía solicita para Miguel Rosendo, líder y fundador de la Orden y Mandato, 66 años de prisión por 21 delitos, entre ellos asociación ilícita, coacciones, agresión sexual y abusos sexuales continuados.

Junto a él, el fiscal acusa a otras seis personas, a las que atribuye un delito de asociación ilícita por colaborar con Rosendo en la gestión diaria de esta presunta secta y para los que pide dos años de prisión para cada uno.