Arturo Maneiro: "Los políticos siempre quieren que los medios les sean favorables"

¿"Cincuenta años de fracasos legislativos" no son muchos años?
La televisión española nació sin legislación. Al llegar la democracia, debía tener una ley propia para que fuese autónoma, no un organismo de un ministerio. En 1980 salió el Estatuto de la Radio y Televisión, pero el problema es que los parlamentarios no eran capaces de encontrar una fórmula eficaz y permanente para resolver sus problemas fundamentales, que son quién nombra al que manda, cómo se controla al que manda y quién lo controla. Se empezó con que el nombramiento del director general lo hiciese el Gobierno y que estuviera todo el mandato. Pero al tiempo, acababan presionándole para que se marchara. Esta dinámica se ha ido repitiendo: se cambian leyes pero siempre hay una frustración. Se intentó resolver con nombramientos por consenso, lo que supone que deban ponerse de acuerdo las dos fuerzas mayoritarias. Y muchas veces no se han puesto de acuerdo. 

¿Cuáles son las causas? 
El sistema estaba mal hecho y no han sido capaces de encontrar otro que funcione. El anterior modelo podría servir: el Gobierno nombra al director general y, mientras siga ese gobierno, no hay por qué cambiarlo. Pero, ¿por qué se le cambia? Por decisiones políticas. Los políticos siempre quieren que los medios de comunicación les sean favorables. Ese ha sido el problema fundamental. Y en ningún momento, ni con ninguna ley, se ha conseguido tener una estabilidad y una televisión pública independiente y neutral. 

Supongo que esa es la consecuencia más sangrante.
Efectivamente. Todo esto son batallas políticas, pero que están basadas en una legislación. Hubo épocas en que el director general dimitía enfadado y cogía a todos con el pie cambiado, porque no estaba previsto el mecanismo para poder nombrar a otro. Sucedió en el caso de Alberto Oliart, que había sido ministro con UCD y que ya tenía 81 años cuando le nombraron director general. Se tuvo en consideración su experiencia y su costumbre de pactar con todo el mundo; parecía una opción de consenso. Pero desde la primera semana le empezaron a hacer la vida imposible hasta que consiguieron que se marchara. Se quedó en una situación jurídicamente extraña. Tuvieron que intervenir los letrados del Parlamento y se montó un barullo legal considerable.

¿Dónde está la solución? 
El problema es que los políticos se paren a hacer esto en serio, porque aunque pongan un mecanismo que funciona, luego lo destruyen o lo retuercen. Cuando haces la ley, haces la trampa. Así llegamos al momento actual, con otro decreto en el que se vuelve a hacer algo que ya había intentado Rajoy.

El problema es que los políticos se paren a hacer esto en serio, porque aunque pongan un mecanismo que funciona, luego lo destruyen o lo retuercen"

El cambio de mayorías parlamentarias para elegir a los consejeros. 
El Gobierno ha conseguido poner 15 miembros en un consejo de administración, para hacer un pago político a sus socios, y sobran la mitad. Con 10 ya era suficiente. Además tendrán dedicación exclusiva, es decir, que habrá que pagarles más. Y el presidente de la corporación será elegido por una mayoría absoluta, no de consenso. Esto va a provocar problemas, porque los 15 miembros del consejo de administración, cada uno de su padre y de su madre, van a estar constantemente en pugna. El director general va a estar limitado y vamos a ver lo que dura. Yo no le auguro mucho tiempo. 

¿Es una situación generalizada en los medios públicos? La Xunta prepara medidas similares para la CRTVG con la ley de medios. 
En el Estado, esa válvula de escape en el caso de que no haya mayorías cualificadas ya estaba en la ley de Zapatero, pero contemplaba dos meses de plazo para aplicar la mayoría absoluta si no había acuerdo. Rajoy lo acortó a 48 horas. Ahora, lo único que se hace es volver a reducirlo. Eso en Galicia no existía. Pero la trayectoria de la televisión gallega es mucho menos conflictiva. Lleva con el mismo director xeral desde 2009, cuando ganó las elecciones Feijóo. No cambia porque, al tener mayoría absoluta el PPdeG, los demás partidos deben ponerse de acuerdo con él. Se puede pensar que es una anomalía que, al cambiar de legislatura, no se proponga nombrar un director xeral, pero ningún grupo parlamentario planteó iniciativas para intentar cambiarlo. Además, la trayectoria legislativa de la CRTVG es muy cortita, tiene solo dos leyes. En España es una cosa impresionante. No es comparable.

¿Hay esperanza? 
Yo creo que hay esperanza. Hay posibilidad de poner sentido común. El Gobierno tiene que tener la iniciativa para ponerse de acuerdo con la oposición y hacer el nombramiento de acuerdo con la legalidad. Pero, insisto, esto no garantiza que a la persona que se nombre no le vuelvan a hacer la vida imposible. A lo mejor el debate es si es necesario tener una televisión pública y cuál es su función.

"No es una función de RTVE competir con las privadas en base a un presupuesto público"

Con la contratación de David Broncano o los presupuestos de MasterChef, entre otros, volvía a abrirse ese debate de si una cadena pública debía competir con las cadenas privadas en la franja de ocio.
Oficialmente, una televisión pública no debe estar luchando por la audiencia: debe hacer contenidos que considere que son buenos para la sociedad. Está claro que no es una función de la televisión pública competir con las privadas en base a un presupuesto público. Las privadas se están jugando su dinero y sus inversiones con los programas y los contenidos, pero televisión pública no tiene esos riesgos, tiene garantizado su presupuesto. Por lo tanto, no debe ser su objetivo competir. Esto está fuera de la ley. Está fuera del sentido común. Es más, Europa solo permite que se financien contenidos que sean de servicio público, cosa que no pasa con estos programas. Habría que tener una reconsideración de lo que es la televisión pública.