Así será el protocolo antiviolencia para las 12.300 trabajadoras del SAF
Los más de 12.300 trabajadores del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) —en su mayoría mujeres— podrán contar con acompañamiento temporal si las circunstancias en la vivienda de algún beneficiario así lo requieren con el fin de evitar cualquier forma de violencia, ya sea física, psicológica, sexual o incluso económica.
En su reunión de este lunes, el Consello da Xunta aprobó el nuevo protocolo de prevención, detección y seguimiento de este tipo de casuísticas, un paso que se materializa después de que el 29 de julio una trabajadora del SAF de O Porriño, de 48 años, fuese asesinada por el marido de una dependiente a la que atendía.
Elaborada por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), en colaboración con la Consellería de Política Social, esta pauta es fruto de la petición "unánime" cursada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), sindicatos, organizaciones empresariales, Xunta y el Colexio Oficial de Traballo Social, que constituyeron una mesa de trabajo tras el crimen. La propuesta será remitida ahora a estos agentes para "implantar canto antes" el protocolo.
Entre las medidas que el presidente, Alfonso Rueda, destacó este lunes tras la reunión semanal de su Ejecutivo figura la realización "dunha avaliación dos riscos en cada domicilio, especialmente dos que poidan ser máis conflitivos". Y además de prever "o acompañamento temporal do persoal do SAF", el mandatario avanzó que se realizará "un seguemento de tódolos incidentes" que se registren. Serán evaluados por las empresas concesionarias del servicio que, de ser necesario, podrán adoptar "medidas correctoras" con el concello encargado de gestionar la prestación, que en Galicia llega a unos 23.000 dependientes.
En esta línea, se brindará información "precisa" a usuarios y familiares y se reforzará "o apoio técnico nos casos de maior complexidade". Para mayor seguridad, la Xunta recomienda a las profesionales "manter operativo o móbil" toda la jornada y fortalecerá la coordinación con los servicios sanitarios.
En cuanto a formación, el protocolo receta instruir a las trabajadoras en habilidades específicas en materia de prevención de la violencia, comunicación efectiva, resolución de conflictos y control de la tensión.
La Xunta asume la gestión de la tarjeta monedero
Por otra parte, el Gobierno gallego aprobó este lunes el concierto social para la gestión, de aquí a junio de 2029, del Programa Básico, que impulsó el Gobierno central con cofinanciación europea. Se trata de la tarjeta monedero para familias en situación de pobreza severa con menores a cargo para que compren alimentos y productos de higiene. En paralelo, reciben medidas de acompañamiento para allanar su inclusión.
Dependiendo del número de miembros del hogar, oscila entre los 130 y los 220 euros al mes por un tope de un año. El monto se puede gastar en los súper adheridos.
El Estado activó el programa en 2024 para evitar a estas familias la exposición que conlleva acudir a los bancos de alimentos, encargando su gestión a la Cruz Roja. Ahora, queda en manos de la Xunta, que tendrá 24,1 millones para los próximos cuatro años, como explicó la conselleira de Política Social, Fabiola García. La licitación del servicio se resolverá este año.
La Xunta estima en unos 8.000 los potenciales beneficiarios de la tarjeta, que se solicitará en los servicios sociales municipales. García incidió en que Galicia busca seguir reduciendo el riesgo de pobreza y exclusión, tras llevar la delantera en 2024.