Casi uno de cada diez hogares con enfermos graves o crónicos asegura no haber recibido asistencia médica en el último año
Casi uno de cada diez hogares gallegos (un 7,3%) en los que vive alguna persona con una enfermedad grave o crónica afirma no haber recibido asistencia sanitaria durante el último año. Es una de las conclusiones del IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en Galicia, elaborado por la Fundación Foessa y Cáritas, que ofrece una radiografía de las condiciones de vida de la población de la comunidad.
Son cifras que duplican la media estatal, situada en el 3,1%, y que suponen un empeoramiento de más de seis puntos con respecto a 2018, cuando el porcentaje era del 1,1%. Para Thomas Ubrich, coordinador del estudio, esta situación se atribuye a la "falta de orientación o problemas administrativos” y, en gran medida, al “problema de las listas de espera".
Asimismo, el informe también revela que el 13,8% de las personas con diagnóstico de una enfermedad grave o crónica, una discapacidad o una deficiencia no reciben ningún tipo de atención para su problema de salud, lo que ha llevado a uno de cada cuatro pacientes a recurrir a la sanidad privada por los retrasos en el acceso a la salud pública.
En términos generales, en 2024 el 17,7% de la población gallega y el 19,3% de los hogares presentan situaciones de exclusión social vinculadas a la dimensión de la salud. Unos datos claramente superiores a la media estatal, situados en el 14,8% de los ciudadanos y el 15,2% de las familias, y casi cinco puntos por encima de los registrados en 2018.
Además, en todas las franjas de edad, las personas en situación de exclusión social presentan una peor valoración o diagnóstico de su estado de salud que aquellas en integración plena. Los números preocupan especialmente en el ámbito de la salud mental: el 24,9% de las personas en exclusión moderada y el 20,7% en exclusión severa cuentan con diagnósticos de trastornos mentales, frente al 7,8% de quienes se encuentran en integración plena y el 10,7% de aquellos en integración precaria.
Un 6,3% de las personas viven en una situación de exclusión severa
A día de hoy, 342.000 personas en Galicia se encuentran en riesgo de exclusión social, de las cuales unas 168.000, el 6,3% de la población, viven en exclusión severa. Aunque estas cifras son mejores que la media estatal, situada en el 18,7%, los datos reflejan una realidad compleja y paradójica para la comunidad. Mientras la exclusión moderada desciende en casi cuatro puntos -pasa del 16,8% del 2028 al 12,7% en el 2024-, la integración social precaria crece hasta alcanzar el 43,8% de las personas.
En este sentido, Ubrich explica que si bien parte de la población logra salir de la exclusión, "sigue viviendo en una situación de vulnerabilidad". Asimismo, subraya que tres de cada cuatro hogares intentan superar esa situación estudiando o buscando empleo de forma activa pero se enfrentan a “barreras estructurales”, así como a "recursos escasos y poco personalizados".
En la misma línea, el estudio constata que la precariedad "se está desplazando hacia el centro" hasta convertirse en un rasgo estructural del modelo social que afecta ya a personas con empleo, hogares con ingresos ajustados y familias con menores. En la actualidad, unos 381.000 gallegos, el 14% de los ciudadanos, se encuentran en riesgo de pobreza y alrededor de 158.000, el 6%, sufren pobreza severa.
Aunque los datos han descendido desde el 22% registrado en 2020, Ubrich advierte de que ha aumentado "la carencia material" y las situaciones de "fragilidad cotidiana" y asegura que el hecho de trabajar ya no garantiza la inclusión social. Y es que el 27% de la población no puede afrontar gastos imprevistos, el 17% padece pobreza energética y el 4% no puede permitirse una alimentación adecuada con carne o pescado de forma regular.
La vivienda, un "auténtico cuello de botella"
El informe de Foessa señala que la precarización y la exclusión social están estrechamente vinculadas a la situación en la que se encuentra la vivienda y el empleo. Tal y como explica Ubrich, el mercado de inmuebles se ha convertido en un "auténtico cuello de botella" que "expulsa del territorio y imposibilita una vida digna", mientras que el trabajo ha perdido "su capacidad de rescate".
Lo cierto es que, en los últimos seis años, el precio de la vivienda en Galicia ha aumentado un 21%, mientras que el alquiler lo ha hecho en un 28%, con cuotas medias de 732 euros, en un contexto marcado por "la limitada oferta y la especulación inmobiliaria".
En este contexto, el 26% de los hogares gallegos presenta indicadores de exclusión residencial. Por una parte, 78.000 hogares, el 7%, quedan por debajo del umbral de la pobreza tras hacer frente a los gastos de la hipoteca o el alquiler. Por otra parte, unas 160.000 personas viven en situación de vivienda insegura y cerca de 170.000 en condiciones de insalubridad o mala habitabilidad.
Tener empleo "no es incompatible con la exclusión social"
Pese a que Galicia ha mejorado sus indicadores laborales -con un crecimiento del empleo del 6% y una tasa de paro situada en el 9%-, esta evolución no se traduce en una mayor integración social. “Un notable crecimiento del empleo no es incompatible con la exclusión”, advierte Ubrich, quien apunta a que los salarios apenas han crecido un 0,7% en términos reales y a que la inestabilidad laboral sigue marcando a los trabajadores al afectar al 5,6% de las personas ocupadas.
También resulta especialmente preocupante la situación de las personas sin trabajo. El estudio alerta sobre la “insuficiente cobertura” del Ingreso Mínimo Vital, que solo llega a la mitad de quienes viven en pobreza severa en Galicia, y de la reducción de la cobertura de RISGA a la mitad, pasando de ayudar al 0,94% a solo el 0,5% de los ciudadanos.