Democracia Ourensana denuncia al gobierno local por la compra del colegio María Goretti

El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, ha rechazado este lunes la existencia de cualquier tipo de delito en la adquisición del antiguo colegio Goretti, situado en pleno casco histórico de la ciudad, y ha atribuido dichos problemas a "un simple problema de herencias", situación que ha hecho extensible a otros edificios de la ciudad.

El regidor socialista ha contestado con estas palabras a la nueva denuncia presentada por el portavoz del grupo Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, en el juzgado, y esta vez por un posible caso de prevaricación.

En una nota remitida a la prensa, Fernández ha aludido a un problema en el traspaso del inmueble, como ocurre "con tantos inmuebles de la zona vieja, sin que por eso quepa suponer indicio de delito alguno".

En este sentido, ha acusado a Jácome de "buscar simplemente la propaganda judicial "en un claro deseo de instrumentalizar la Justicia" y ha recordado que el gobierno del popular Manuel Cabezas ya intentó adquirir en su mandato este edificio "cuando ya era "un edificio degradado, en ruinas y un foco de infección en la zona vieja".

La adquisición del inmueble se realizó en 2010, "correctamente, en escritura pública, con todos los informes favorables y también con el visto bueno de la Intervención municipal", ha recalcado el socialista. "Sólo un problema de herencias, muy habitual en los inmuebles de la zona vieja por la fragmentación de la propiedad, fue la causa de la anulación de dicha compra, lo que en todo caso es una cuestión civil y administrativa", ha replicado el alcalde, quien esgrime que la adquisición "se hizo legalmente y de buena fe".

Para Fernández, sólo "en una mente disparatada como la de Gonzalo Jácome, "que ya no convence no a los suyos", podría realizar dicha denuncia.

Democracia Ourensana presentó en la mañana de este lunes dicha denuncia por la vía penal contra el exalcalde Francisco Rodríguez y el actual regidor de la ciudad, Agustín Fernández, por un posible delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, junto con otro de falsedad documental, por la fallida compra del edificio María Goretti, adquirido a través de herederos indirectos y no de los verdaderos propietarios.

Entonces, el exregidor socialista entregó a los vendedores, herederos indirectos del arquitecto Daniel Vázquez Gulías, cheques por la mitad del importe de la operación para realizar un centro de formación.

La otra mitad fue pagada meses después, ascendiendo dicha operación a más de 400.000 euros y cuyo edificio no han podido abrir.