Las denuncias por violencia de género aumentan en Galicia y son más de una veintena al día
Las denuncias por presuntos casos de violencia de género crecieron el año pasado en Galicia hasta alcanzar las 7.602. Son 164 más de las que hubo en 2023 y equivalen a casi 21 cada día. El dato es reflejo de una realidad social alarmante que tiene nombre propio —los de Andrea Yturry Alave, Mercedes Ríos Muñiz, Fadoua Akkar, Estela Blach Silva y Rejane Soares de Godoy, asesinadas por sus parejas o exparejas en 2024—. Aun así, es el segundo más bajo del país, con menos de 52 víctimas por cada 10.000 mujeres, cuando la media de España sobrepasa las 74. La ratio solo es menos dura en Castilla y León, donde ronda las 47 afectadas.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trasladó este lunes un balance anual en el que se recoge que el 73,9% de estas denuncias las presentaron las propias víctimas, bien en los juzgados o en dependencias policiales. La cifra sigue siendo muy superior a las presentadas por el entorno, que apenas alcanzan un 1,8% del total. Hasta son más las que presentan terceras personas ajenas: un 2,8%. Destaca que, entre las víctimas, el 25,1% eran extranjeras.
Por su parte, los juzgados gallegos que asumen los casos de violencia sobre la mujer concedieron el año pasado 1.183 órdenes y medidas de protección y seguridad, un 8,9% menos que en 2023. Recibieron 1.819 peticiones y se concedieron el 65%. Los juzgados en funciones de guardia incoaron 452, de las que adoptaron el 60%.
Galicia es la cuarta comunidad donde más de acuerdan estas medidas protectoras: las tienen una de cada cuatro víctimas.
Cinco son las víctimas mortales en Galicia en 2024: Andrea Yturry, Mercedes Ríos, Fadoua Akkar, Estela Blach y Rejane Soares
Luego, de los 7.376 procedimientos que se terminaron el año pasado, 2.122 lo hicieron con una sentencia judicial, 1.811 de ellas condenatoria para el acusado. En global, son más del 85%, pero los porcentajes varían si se trata de juzgados de violencia sobre la mujer —donde el 89,5% de los fallos acabó en condena—, las audiencias provinciales (83,3%) o los juzgados de lo Penal (78,4%).
Por otra parte, hubo 67 sobreseimientos libres —por lo general, implica que no se halla suficiente hecho delictivo— y 3.231 sobreseimientos provisionales —por ejemplo, porque no se puede avanzar en el procedimiento debido a causas como que la denunciante renuncie testificar contra su agresor, lo que ocurrió en 433 casos en Galicia en 2024, un 12,2% menos—.
Más de 660 medidas cautelares
Los órganos judiciales dictaron 663 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (189). Además, se adoptaron 171 relativas a la atribución de la vivienda, 172 sobre suspensión del régimen de visitas y 79 sobre suspensión de la guardia y custodia.
De carácter penal, se impusieron 2.431 medidas de protección. Las más frecuentes fueron la orden de alejamiento (45%) y la prohibición de comunicación (43,4%).
En la violencia de género, los menores pueden ser tanto víctimas como victimarios.
En 2024, los juzgados de menores enjuiciaron a 19 personas por delitos de violencia sobre la mujer —uno en Lugo—. Salvo en tres casos, derivó en la imposición de medidas contra el procesado. Del otro lado, se registraron 66 menores tutelados víctimas. Son los hijos sobre los que el maltratador ejerció violencia directa.
Cuatro nuevas plazas específicas en la comunidad
El Gobierno prevé incrementar antes de fin de año en 53 el número de plazas de jueces y magistrados de violencia de género y ha remitido al CGPJ una propuesta de real decreto.
De ellas, cuatro serían en Galicia: dos transformadas de juzgados de instrucción, en A Coruña y Vigo, y dos nuevas, en Santiago y Ourense.
La Xunta respondió al anuncio indicando que "o idóneo" sería contar con "xulgados específicos de violencia" en cada ciudad. Además, en el caso de Vigo, avisó de que la conversión de la plaza de un juzgado de instrucción afectará a la carga de trabajo de este nivel judicial en la ciudad.
En todo caso, celebró que "por fin" el Gobierno "atenda as demandas", en alusión a la petición del juzgado de Violencia sobre a Mujer para Santiago. "É un avance importante", por lo que aunque a la Xunta le corresponderá "costear a maior parte dos gastos" que supone, será dinero "ben empregado", declaró el presidente gallego, Alfonso Rueda.