Grabar a un médico sin permiso en la consulta podrá acarrear la suspensión de la asistencia
El Consello da Xunta aprobó este martes la modificación de la Lei de Saúde de Galicia enfocada a prevenir y mejorar la respuesta ante la violencia contra los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario, tanto en la red pública como en la privada, y el texto contempla diversas novedades. Entre ellas figura que los facultativos tendrán la opción de suspender la asistencia a un paciente que, sin su consentimiento o mediando su oposición, utilice un dispositivo de grabación para registrar una consulta. En estos casos, el galeno podrá escudarse en la ruptura de la relación de confianza médico-paciente que recoge el Código de ética y deontología médica y, dejando constancia de lo sucedido en la historia clínica, tendrá en su mano renunciar a brindar atención al usuario. Este último tendrá, en todo caso, "garantida a asistencia" por parte de otro facultativo.
"Queremos garantir a máxima protección para profesionais que son vitais para garantir unha boa saúde pública en Galicia", recalcó el presidente, Alfonso Rueda, que señaló que la intención es remitir ya el proyecto de ley al Parlamento gallego para que "entre en vigor canto antes" en 2026.
Rueda, que revalidó la máxima de "tolerancia cero fronte a condutas violentas ou que poñan en risco ao persoal dos centros sanitarios", apuntó otra novedad: la inclusión en el texto de la violencia digital que puedan ejercer tanto el paciente como sus familiares sobre los sanitarios. Hasta ahora, recordó, el marco legal contemplaba en exclusiva la protección contra la violencia física o verbal.
El encargado de desgranar algunas claves del texto legal fue el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que explicó que también se dará cobertura a las agresiones que se puedan registrar fuera de los recintos sanitarios y que tengan su origen en la prestación de asistencia. En este punto, entra en juego el deber de respetar "a honra e o prestixio profesional" del facultativo.
Además, en cuanto la modificación legal entre en vigor, Galicia se convertirá "na primeira comunidade" en prever sanciones para aquellos que agredan a técnicos de emergencias sanitarias y del 061, que hasta ahora no contaban con esta protección. La medida, señaló Rueda, responde a lo pactado con las asociaciones que representan a estos profesionales.
En esta línea, la definición de profesional del ámbito sanitario se ensancha para abarcar a los inspectores de servicios sanitarios y al personal de las áreas de admisión y administración de los centros.
Sanciones de hasta 15.000 euros
En el capítulo de sanciones, la actualización de la Lei de Saúde de 2008 supone la tipificación de infracciones ligadas a la violencia ejercida contra profesionales del ámbito sanitario de carácter leve y grave, pues en su redacción actual el texto legal solo aborda las de carácter muy grave.
Así las cosas, las faltas leves, como pueden ser la falta de respeto o e insulto a los profesionales sanitarios, acarrearán multas de 300 a 1.500 euros.
Cuando un paciente incurra en amenazas, coacción, oponga resistencia, recurra al ciberacoso o tome represalias en contra de un trabajador de la sanidad se expondará a sanciones de 1.501 a 10.000 euros al incurrir en una infracción grave.
Estas oscilarán entre los 10.001 y los 15.000 euros en caso de que el usuario incurra en una agresión física o reincida en la comisión de infracciones graves en un periodo de cinco años.
En supuestos de infracción grave o muy grave, las autoridades podrán, además, determinar sanciones accesorias como la asignación al infractor de otro médico distinto al suyo e incluso el traslado a otro centro de la misma localidad por un plazo no superior a cinco años. En paralelo, también se prevé articular medidas de movilidad para los trabajadores afectados que, de necesitarlo, podrán contar con los servicios de la asesoría jurídica de la Xunta, además de disponer de apoyo psicológico.
Más de 850 ataques en 2024
En su comparecencia, Gómez Caamaño incidió en que la vocación del texto es "dar resposta e atallar un problema que xera preocupación e alarma", pues los últimos datos indican que, en 2024, un total de 856 profesionales del Sergas comunicaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia. Más de 500 fueron ataques verbales, pero en otros 340 casos la agresión fue física.
El ámbito en el que se registraron los ataques fueron los servicios de atención primaria y en servicios extrahospitalarios en 511 casos, en tanto que el hospital fue el escenario de 345 ataques.
La modificación legal también supone añadir un artículo relativo al Plan galego de prevención contra a violencia no ámbito sanitario, que servirá de instrumento para garantizar el derecho de todos los profesionales a recibir asistencia y protección por parte de las administraciones públicas y servicios de salud en el ejercicio de su profesión. Será de aplicación en todos los centros de la red pública e incluirá medidas organizativas enfocadas a prevenir las situaciones de violencia y a atenuar sus efectos.
La Xunta se dotará, además, del Rexistro galego de actos de violencia externa no ámbito sanitario, en el que se inscribirán todos los sucesos que resulten sancionados.
